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Ayotzinapa: Expertos de CIDH denuncian "obstrucciones" del gobierno en investigación del caso

Concluyen un año de trabajos sin que se conozca el destino de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, la noche del 26 de setiembre de 2014.

Ayotzinapa: Expertos de CIDH denuncian "obstrucciones" del gobierno en investigación del caso. (Reuters)
Ayotzinapa: Expertos de CIDH denuncian "obstrucciones" del gobierno en investigación del caso. (Reuters)

Los expertos de la CIDH que coadyuvaron en investigar la desaparición de 43 estudiantes en México presentaron este domingo su informe final en el que acusan al gobierno de obstaculizar su trabajo y cuestionan el papel de las fuerzas federales en la tragedia.

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluye un año de trabajos sin que se conozca el destino de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (sur).

En el extenso informe, los expertos hacen duras observaciones sobre las mecánicas de trabajo de la Procuraduría General (fiscalía), el sistema penal y denuncian presuntos casos de tortura contra 80% de los detenidos.

El documento detalla “obstrucciones” a su investigación, principalmente este año, como volver a entrevistar a 17 detenidos y al 27 batallón del Ejército, lo que “limitó de forma muy importante las posibilidades de avance”.

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El GIEI, integrado por dos abogados cololombianos, otro chileno, una exfiscal guatemalteca y un psicólogo español, denuncian también una “fuerte campaña mediática” en su contra para desacreditar su trabajo.

El informe fue presentado ante cientos de personas, que enumeraron del 1 al 43 para luego clamar en un potente coro: “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y guardaron un momento de silencio.

Los expertos llegaron a México en marzo de 2015 tras un acuerdo del gobierno con la CIDH, su mandato fue renovado pero ahora las autoridades, ya en un abierto desencuentro con los expertos, rechazaron otra prórroga y el GIEI se va el 30 de abril.

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El gobierno ha sostenido que el GIEI ha tenido pleno acceso a la investigación.

Según la fiscalía, los jóvenes, que se hicieron de 5 autobuses de pasajeros para utilizarlos en sus movilizaciones, fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías municipales de Iguala y Cocula, que los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos. En el asalto murieron tres estudiantes y tres personas que estaban en la zona.

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La denominada “verdad histórica” que defiende la fiscalía y que el GIEI ha rechazado reiteradamente es que los jóvenes fueron asesinados por los narcotraficantes, incineraron sus cuerpos en el basurero de la vecina Cocula y arrojaron las cenizas a un río cercano.

Sin acusar directamente a fuerzas federales, el documento enumera “nuevos datos” sobre la participación de agentes de la “policía federal en un retén” o su presencia en un punto carretero donde fue atacado uno de los autobuses y donde también “estaba presente un agente de inteligencia del ejército”.


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