El comité encargado de la investigación de abusos sexuales a menores de edad en Australia, llamado Comisión Real, ha recomendado hacer una reforma del sistema penal que sancione a los curas que conozcan sobre abusos a menores y no lo denuncien escudándose en el secreto de confesión.
La propuesta, según informa El País, ha sido formulada en el marco de la investigación a George Pell –máxima autoridad eclesiástica del país y el tercero más importante del Vaticano– quien ha sido imputado por un caso múltiple de abusos sexuales a menores de edad y encubrimiento masivo del mismo delito a sus subyugados, a quienes trasladó estratégicamente de parroquia en parroquia para evitar que afronten sus delitos.
► Denuncian 4,444 casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia católica en Australia
Pell –quien era además responsable de Finanzas de la Santa Sede– con referencia al encubrimiento, admitió que si se hubiese combatido este mal con anterioridad “se podría haber evitado una enorme cantidad de sufrimiento”. Sin embargo, ha rechazado contundentemente los delitos de abuso sexual que se le imputan.
La recomendación de la Comisión Real, señala El País, ha sido presentada en el Informe Justicia Criminal que –además de recomendaciones– recaba las cifras del delito de pederastia en Australia.
El panorama es escalofriante: Casi 4.500 personas denunciaron abusos sexuales a menores por parte de miembros de la iglesia católica en Australia entre 1980 y 2015
Una de las conclusiones que presenta el informe señala que “Francisco no ha hecho mucho para luchar contra la pederastia dentro de la Iglesia”.
La Comisión
La Comisión Real fue puesta en marcha en el 2012 por la primera ministra australiana, Julia Gillard, con el fin de investigar las denuncias sexuales a menores en el país. Esto después de que un alto cargo de la Policía de Nueva Gales del Sur haya acusado –por medio a una carta pública– a la Iglesia por intentar silenciar las investigaciones de abusos sexuales.
“Desde mi propia experiencia, puedo testificar que la Iglesia encubre, silencia, dificulta las investigaciones policiales, alerta a los delincuentes, destruye pruebas y traslada curas para proteger el buen nombre de la Iglesia”, se podía leer en la misiva del efectivo.
Por más que las investigaciones no se hayan ceñido solo a las organizaciones religiosas* “el 60% de estos delitos ocurrieron dentro de organizaciones religiosas”* y dos tercios de este porcentaje pertenece a la Iglesia católica, sentencia la comisión.
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— Diario Perú21 (@peru21noticias) 14 de agosto de 2017
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