Los promotores de la revocatoria de autoridades ediles y regionales deberán fundamentar, con documentos, su solicitud ante la ONPE, entidad que tendrá la facultad de fiscalizar sus ingresos y gastos relacionados con la consulta popular que impulsan. Ambas medidas están contenidas en el proyecto presentado por los tres organismos que integran el Sistema Electoral. La propuesta establece que, en adelante, la consulta se tendrá que solicitar con no menos del 25% de firmas. Esto será aplicable para todas las circunscripciones, eliminando el tope de 400 mil para Lima.
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