Guillermo Giacosa,Opina.21
ggiacosa@peru21.com
Hubo foros de discusión en todas las provincias, luego el Poder Legislativo escuchó durante semanas a todos los interesados que tenían algo para decir sobre el tema para, finalmente, tras admitir varios de los cambios sugeridos, aprobar la ley por amplia mayoría. Si quedaban dudas, las audiencias públicas celebradas recientemente ante la Corte Suprema las disiparon. Por un lado, quedó claro que el enfrentamiento era entre quienes no admiten límite alguno a la autonomía de las empresas y quienes creen que el interés púbico debe primar por sobre el interés particular. Por otro lado, se ratificó el derecho, en una sociedad plenamente democrática, a que esta se construya sobre la base de la mayor pluralidad de opiniones posible. Nunca hubo riesgo alguno para la libertad de expresión y el único escollo real lo interpuso la defensa, por métodos no siempre correctos, de la rentabilidad económica de uno de los mayores monopolios mediáticos de América Latina. Tan grande es y se siente dicho monopolio que ha declarado que “respeta las decisiones judiciales”, pero que “no piensa cumplirlas”. Semejante declaración es, lo menos, impúdica para una sociedad asentada sobre normas y principios que todos están obligados a cumplir cualquiera fuera su fortuna o el poder que sobre dicha sociedad ejerzan. Su intención de ir a organismos internacionales difícilmente prosperará, ya que estos se ocupan de casos que afecten derechos de las personas, no utilidades de los conglomerados empresarios.
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