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Perú tiene los sobrecostos laborales más altos de la Alianza del Pacífico

Cámara de Comercio de Lima señala en informe que la actual legislación laboral que es el principal factor que impide mayor formalidad en el empleo

La CCL planteó medidas para reducir la informalidad. (USI)
La CCL planteó medidas para reducir la informalidad. (USI)

Los sobrecostos laborales en Perú están entre los más altos en América Latina, en especial dentro del bloque de la Alianza del Pacífico, señaló el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

César Peñaranda, director ejecutivo de la CCL, dijo que los emprendedores asumen hasta un 60% de estos sobrecostos, debido a la rigidez de la actual legislación laboral, que se constituye en uno de los principales factores que impiden la formalización y le resta competitividad al sector productivo.

En ese sentido, comentó que dichos sobrecostos en países como Colombia, México y Chile alcanzan el 54, 36 y 32%, respectivamente.

Peñaranda explicó que la legislación establece que los empleadores deben asumir anualmente el pago de dos gratificaciones, y un mes de vacaciones, contribuciones al seguro de salud y el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), entre otros beneficios. En el caso que el trabajador cuente con carga familiar se incluye la asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración mínima.

“Esto quiere decir que además del pago por el trabajo efectivo, el empleador debe aportar adicionalmente el 60% de la remuneración para cumplir con lo establecido en la regulación laboral, convirtiéndose en un sobrecosto laboral”, indicó.

Agregó que las normas de protección del empleo constituyen impuestos a la reasignación de la mano de obra, razón por la cual se les considera también como impuestos a la productividad, porque una tasa elevada induce a las empresas, por un lado, a menores despidos en épocas de recesión y, por otro lado, a un menor incentivo para contratar más trabajadores en periodos de expansión económica .

Peñaranda planteó que las medidas para reducir la informalidad deben estar dirigidas a disminuir los costos y aumentar los ingresos percibidos que se obtendrían si las empresas fueran formales, para lo cual se debe flexibilizar el marco regulatorio del mercado laboral y buscar paralelamente la mejora del capital humano con inversión en educación y capacitación.


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