25.FEB Domingo, 2024
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Última actualización 08:39 pm
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Reos extranjeros podrán solicitar su expulsión del país

Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de ley con el que busca reducir la sobrepoblación en los penales. El reo solicitante deberá cumplir ciertos requisitos.

(USI)
(USI)

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para facilitar la expulsión del país de los reos extranjeros, con la finalidad de reducir la sobrepoblación penitenciaria y la carencia temporal de una apropiada infraestructura carcelaria.

La medida solamente comprende a los reclusos extranjeros cuya condena no sea mayor a los siete años, que hayan cumplido de forma efectiva la tercera parte de su sentencia y que el delito cometido no tenga prohibido el beneficio de la liberación condicional.

Otra condición es que el extranjero solicitante deberá cumplir con las multas y la reparación civil que le hayan sido impuestas.

Sin embargo, se podrá solicitar la reducción o exoneración de dicho pago en estos dos únicos casos: que el agraviado sea solo el Estado o se haya cumplido con la reparación civil de otros afectados; o que acredite razones humanitarias debidamente fundamentadas.

La solicitud para acogerse a esta medida deberá ser enviada al director del establecimiento penal donde se encuentra el reo, sin perjuicio de que este pueda rechazar el pedido si considera que no se cumple fehacientemente con los requisitos señalados.

Una vez presentado el respectivo expediente administrativo, el director del centro penitenciario lo remitirá al juez, quien convocará a una audiencia para resolver la referida solicitud en un plazo no mayor de tres días hábiles.

De acuerdo a la iniciativa, la Dirección General de Migraciones y Naturalización expedirá la Resolución Directoral de cancelación de la permanencia o residencia y la expulsión, dentro del plazo de otros tres días hábiles improrrogables.

De ser aprobada, esta ley traerá diversos beneficios al Estado peruano, además de los antes señalados, pues significaría un ahorro de aproximadamente S/.10 millones anuales, así como prever problemas de corrupción al interior de las cárceles y la ausencia de seguridad, entre otros.


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