Los propietarios de las cámaras de videovigilancia, sean públicos o privados, deberán entregar sus cintas a las autoridades cuando estas contengan imágenes que ayuden a resolver un presunto delito o falta.
Así lo establece un proyecto de ley aprobado en el Pleno del Congreso por unanimidad y exonerado de segundo votación por mayoría, con lo cual queda expedito para su promulgación u observación por el Ejecutivo.
La iniciativa señala que, en el caso de presunción de comisión de un delito o una falta, el propietario de este dispositivo debe informar y entregar una copia de las imágenes a la Policía Nacional o al Ministerio Público, según corresponda, o cuando fuere requerido por dichas instituciones.
Por su lado, dichas instituciones deberán garantizar la confidencialidad de la identidad de los propietarios o poseedores de inmuebles que cuentan con las cámaras y de las personas que hacen entrega de los documentos.
Finalmente, se señala que el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Video Vigilancia y Radiocomunicación para la Seguridad Ciudadana, debe contar con una base de datos actualizada de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que cuenten con cámaras de video vigilancia en la parte externa de sus inmuebles.
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