Del 2011 a la fecha, la población penal en el país aumentó de 48,789 a 80 mil presos. Así lo dio a conocer la viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia (Minjus), Gisella Vignolo Huamaní, durante su presentación en la sesión de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.
Es por este motivo – explicó – que el despacho ministerial propuso el estado de emergencia en este sector, ya que a su vez también se ha registrado un incremento importante de casos de tuberculosis, VIH y otras enfermedades agravadas por el excesivo hacinamiento.
La funcionaria dijo también que se encuentran visitando los centros penitenciarios de manera inopinada para verificar in situ la situación de atención a las personas privadas de su libertad. Una atención preferente de dicho Ministerio es también verificar el número y situación de las personas que además de estar presas presentan discapacidad, comentó.
La autoridad reconoció que en los 67 centros penitenciarios no se encuentran las condiciones de infraestructura necesarias para atender a los internos; y que se revisa y se toma en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para determinar los alcances y beneficios de la declaratoria de emergencia.
Vignolo Huamaní adelantó que su despacho busca proponer que los presos extranjeros cumplan su condena en sus países de origen, y que se estudia de manera especial la situación de aquellos pertenecientes a la tercera edad para disminuir la excesiva cantidad de reos con posibilidad de que cumplan penas con prisión domiciliaria o con grilletes electrónicos.
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