El Gobierno peruano, a través de los ministerios de Justicia y Salud, reconoció que se violaron los derechos humanos de la menor de iniciales L.C., quien se encuentra tetrapléjica al habérsele negado –en su momento– los servicios de salud necesarios, entre ellos la práctica de un aborto terapéutico.
La menor quedó embarazada en el 2007 –cuando tenía 13 años– producto de los abusos sexuales a los que la sometía uno de sus vecinos. Ella se lanzó desde el techo de una casa para quitarse la vida y sufrió una lesión en la médula espinal.
L.C. requería de una cirugía inmediata. Sin embargo, los médicos se negaron a operarla con el argumento de que la intervención representaba una amenaza para su gestación. Tampoco le practicaron el aborto terapéutico, pese a que las leyes lo permiten cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo. Al poco tiempo, tuvo un aborto espontáneo.
El Centro de Derechos Reproductivos y Promsex presentaron el caso ante el Comité CEDAW de la ONU. Esta instancia, en el 2011, exigió al Gobierno reformar sus normas para permitir abortos en caso de violación.
SABÍA QUE
- Susana Chávez, directora general de Promsex, señaló que el Estado está en la obligación de dar soporte vitalicio a L.C. para menguar los daños que le causaron.
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.