#NiUnaMenos: 59 feminicidios se han registrado en lo que va del año

En Iquitos, una mujer muere al ser acuchillada por su pareja, luego de que esta lo denunciara por tocamientos indebidos a sus hijos. En Chiclayo, otra mujer tiene el mismo final tras una discusión por celos. En San Martín de Porres (Lima), una mujer es arrojada del quinto piso de un edificio por su novio luego de una discusión y, en San Juan de Miraflores, un soldado golpea brutalmente a su enamorada porque fue a una fiesta. Todo esto sucedió esta semana. Todas las víctimas fueron mujeres y en todos los casos hubo una historia previa de violencia y control del hombre sobre la vida de la mujer.

Los asesinatos planificados, calculados, con alevosía y las situaciones de violencia extrema, sin importar que los hijos sean testigos del maltrato y el miedo, ocurren todos los días en el Perú. Entre enero y junio de 2017, los Centros de Emergencia Mujer (CEM), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, registraron 59 feminicidios, 11% más que el mismo periodo del año pasado; así como 123 tentativas de feminicidio. Y en lo que respecta a la violencia, se reportaron 40,925 casos, 25.6% más que el año pasado.

“Lamentablemente, la violencia ha recrudecido. Si bien tras la marcha Ni Una Menos se logró visibilizar más la violencia de género, todos los días amanecemos con noticias terribles de feminicidios, violaciones sexuales, mujeres quemadas vivas por sus parejas o mujeres a las que las acuchillan porque no aceptan terminar una relación. La situación es bien cruda, en el Perú aún hay un tipo de maltrato y ensañamiento que indigna y la respuesta de las autoridades no es suficiente”, sostuvo Eva Machado, vocera de la marcha ‘Ni Una Menos Somos Todas’, la cual se realizará esta tarde para recordarle al Gobierno que a un año de la histórica marcha –que marcó un hito en la lucha contra la violencia de género–, aún no hay medidas concretas en este tema.

Falta más prevención

Al hacer un balance de lo avanzado, el Ministerio de la Mujer informó que, en el último año, se instalaron 25 CEM en comisarías para que las víctimas de violencia accedan a atención policial, psicológica, social y legal, de forma inmediata y gratuita, en un solo lugar y las 24 horas del día. Además, se han implementado cinco casas de acogida para víctimas en el país y se ha ampliado la capacidad de atención a través de la Línea 100. Con el fin de mejorar la atención a las víctimas en las comisarías, también se firmó un convenio con el Ministerio del Interior para capacitar a policías. Asimismo, se logró la inclusión de los feminicidas prófugos de la justicia en el programa de recompensas, para así acelerar su captura.

Sin embargo, para Romy García Orbegoso, socia de Demus, estas medidas no son suficientes, pues se avanzó poco en prevención. “Ahora hay un plan con acciones estratégicas y metas en materia de violencia que, aunque no son ambiciosas, son importantes, pero el plan se concentra en la atención del hecho y no en las formas de prevenirlo”, advirtió.

García dijo que también hace falta que la mirada hacia la erradicación de la violencia ataque la causa, que es el sistema patriarcal y el machismo. “En ese enfoque, es vital y clave que el Ministerio de Educación, de la Mujer y de Cultura trabajen desde la escuela. El machismo, la violencia y la discriminación se deben erradicar desde los primeros años de vida y la escuela debe educar para tener ciudadanos plenos. Para ello se necesita un enfoque transversal de género que actualmente no existe en todo el Ejecutivo”, mencionó.

La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Rosa Mavila, indicó que, a través de sus labores de supervisión, esta institución ha detectado otras deficiencias, pues aún hay comisarías que, pese a lo que establece el protocolo, no reciben las denuncias de las mujeres agredidas, con argumentos como que el caso no corresponde a su jurisdicción o no hay heridas visibles. Además, hay policías que dan a las mujeres las fichas de valoración de riesgo que ellos deberían llenar y que después servirán como medio de prueba para medir la reiterancia de la violencia.

“Las propias cifras de la Policía revelan que el 45% de las intervenciones en el país son por maltrato a la mujer y el 50% de pedidos de garantías son solicitadas por mujeres víctimas de violencia. Ante ello, una de las tareas urgentes del Estado es la capacitación de la Policía en materia de maltrato y la dotación de recursos humanos y logística, pues hay dependencias donde no se está valorando el riesgo de que una mujer pueda ser víctima de feminicidio”, alertó.

Fallas en los procesos

Otro tema en el que se registran deficiencias, según dijo Mavila, es la ruta de la investigación de la violencia. Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, señaló que para atender la elevada carga procesal que se presentó tras la marcha Ni Una Menos, este año se implementó en Villa El Salvador, a manera de piloto, el Módulo Judicial Integrado en Violencia Familiar, el cual ha logrado aumentar en 48% el ingreso de denuncias al sistema de justicia. A través de este módulo se ha logrado dictar solo en esta jurisdicción 388 medidas de protección mensuales contra mujeres víctimas de violencia. Empero, Mavila sostuvo que muchas veces estas medidas son líricas, pues la Policía no tiene recursos humanos para asegurar la vigilancia de las mujeres en peligro dispuesta por los jueces y no pueden evitar que el agresor regrese a la escena.

Por otro lado, Barrios refirió que, a través de la Comisión de Justicia de Género, se ha realizado un plenario de jueces sobre feminicidio con el fin de que todos los magistrados tengan en cuenta los mismos criterios a la hora de evaluar las denuncias por este delito.

No obstante, Mavila indicó que el problema se presenta en el procesamiento de casos, pues el 50% de las denuncias que no son realizadas en flagrancia pasan a un juzgado de paz, donde la atención puede demorar hasta cinco meses por la falta de peritos, médicos o psicólogos que puedan hacer los informes en diversas instancias del proceso. Pero eso no es todo, las víctimas de violencia que no llegan a acreditar 30 días de incapacidad por el maltrato recibido son derivadas a conciliación, haciendo que no haya una sanción real para el agresor. Por ello, la Defensoría del Pueblo está trabajando en una iniciativa legislativa para sancionar con cárcel y trabajo social los casos de maltrato reiterado, aunque la incapacidad para el trabajo no llegue a 30 días.

Tenga en cuenta

• De los 40,925 casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) entre enero y junio, 3,898 fueron por violencia sexual, el 9.5% del total.

• De las víctimas de violencia sexual, el 74% fueron menores de edad, de entre 0 y 17 años.

• Un tercio (32%) de los casos totales atendidos en los CEM corresponden a niñas, niños y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia en el hogar.