Aunque es difícil comparar la prevalencia de las violaciones sexuales en diversos países, porque cada uno maneja sus propias mediciones, lo cierto es que la violencia sexual en el Perú es un gran problema de salud pública y de derechos humanos. Por eso, el Estado debe fortalecer sus esfuerzos para garantizar que todos los sectores articulen y ejecuten sus funciones para registrar mejor los casos, atender a las víctimas y prevenir las agresiones.
Esto no es solo un asunto del Ministerio de la Mujer, sino que debe comprometer a toda la administración pública, principalmente al Ministerio de Salud, porque urge que las víctimas que acuden a sus servicios tengan la oportunidad de obtener allí las pruebas necesarias para una posterior denuncia y proceso judicial. El Ministerio de Salud no está cumpliendo ese rol y es una tarea pendiente.
El Gobierno está trabajando, pero cada sector hace sus esfuerzos cuando lo que hace falta es un trabajo articulado. Es necesario que estas iniciativas individuales se integren y se logre una respuesta multisectorial frente a la violencia.
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