‘El Estado tiene el deber de garantizar y proteger el derecho de todas las personas, independientemente de cualquier condición u orientación’, señaló la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.
El comentario de la ministra se da ante la recomendación de derogación del decreto legislativo 1323, norma que buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, violencia familiar y violencia de género, y que fue emitida por el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas.
Pérez Tello sostuvo que el decreto es “un tema donde el Estado cumple su deber de respetar y garantizar el derecho de todas las personas, dar protección a una población vulnerable y sancionar conductas que buscan hacer daño de dimensión grande. Es promover el reconocimiento de derechos humanos sin importar el color de tu piel, pensamiento, religión o género”.
Como se recuerda, el decreto propone modificar el Código Penal para agravar penas en delitos cometidos por intolerancia y discriminación respecto a raza, religión, sexo, orientación sexual e identidad de género, entre otros.
Asimismo, la titular de la cartera de Justicia señaló que la norma no es inconstitucional —como lo señala el fujimorismo— y daba claridad respecto a la protección.
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— Diario Perú21 (@peru21noticias) 6 de abril de 2017
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