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Mariana Alegre: "Los planes de emergencia deben ser difundidos masivamente para evitar tragedias"

La coordinadora general de Lima Cómo Vamos subraya la importancia de divulgar los protocolos de seguridad a la ciudadanía para actuar ante una emergencia.

El incendio registrado en Larcomar en la mañana de este miércoles cobró la vida de cuatro personas. (Renzo Salazar)
El incendio registrado en Larcomar en la mañana de este miércoles cobró la vida de cuatro personas. (Renzo Salazar)
Diego Daza

Diego Daza

@DazaConZeta

Varias salas de una cadena de multicines ubicada en el centro comercial de Larcomar en el distrito de Miraflores se incendiaron este miércoles y, hasta el momento, se confirmó la muerte de 4 personas.

A raíz de esta tragedia, Mariana Alegre, coordinadora general del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, manifestó en conversación con Perú21 que el número de víctimas y desaparecidos se pudo haber evitado si los protocolos de emergencia hubiesen sido de conocimiento de los ciudadanos y las autoridades pertinentes.

La urbanista precisó que “los planes de emergencia deben ser públicos y deben ser difundidos para que lleguen al conocimiento de todos”. De esta forma, Alegre acotó que “hay algunos protocolos que no se terminan de comprender”.

La responsabilidad sobre el plan de comunicación que se debería implementar para la difusión de estas medidas recae tanto en las autoridades (municipalidades, gobiernos regionales, etc.) como en las empresas privadas.

“Si es que se tiene que pagar una pauta para que estos protocolos aparezcan en medios de comunicación, pues se tendría que hacer”, agregó para Perú21.

¿Quién debe fiscalizar medidas de seguridad?


Si bien es cierto que las comunas tienen la entera potestad para fiscalizar las medidas de seguridad que deberían tener todos los establecimientos públicos que operan dentro de sus jurisdicciones, Mariana Alegre resaltó que los municipios no pueden vigilar todos los negocios.

“Las municipalidades no tienen la capacidad para vigilar todos los establecimientos públicos que hay en sus ciudades”, subrayó ella.

Como solución a este problema, la urbanista propuso que “se debería implementar una fórmula en que estas empresas privadas paguen los costos de las inspecciones para que las municipalidades puedan proceder a regularlas”.

Por tal motivo, Alegre acotó que este trabajo se debería dar en conjunto porque en su opinión “no se atrevería” a entregarle totalmente la gestión de aspectos de seguridad a las empresas privadas.

El ejemplo que ella brindó —como una analogía a esta propuesta— fue el de Alemania. De acuerdo con la urbanista, “si un bombero alemán va a atender una emergencia y resulta herido, el que ocasionó la emergencia corre con los costos médicos del bombero”.

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