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IPYS apoya pedido de asilo político de periodista ecuatoriano

El editor del blog Focus Ecuador, Fernando Villavicencio, solicitó ayuda al gobierno peruano tras recibir amenazas.

Fernando Villavicencio solicitó asilo político al Gobierno peruano. (Plan V)
Fernando Villavicencio solicitó asilo político al Gobierno peruano. (Plan V)

Luego que se le impusiera una orden de prisión preventiva en su país, el editor del blog Focus Ecuador, Fernando Villavicencio pidió al Gobierno peruano asilo político, solicitud que fue apoyada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

“El IPYS pide a la CIDH conceder las nuevas medidas cautelares solicitadas en 2016 por Villavicencio, ante el reiterado intento de encarcelarlo por ejercer su libertad de expresión. Exhorta a emitir a la brevedad el Informe de Admisibilidad de su Petición Individual P-107-14. Y consideramos que el Perú debe conceder el asilo político solicitado, de acuerdo con los principios democráticos que animan su política exterior y orientan al actual gobierno”, señaló IPYS en un documento de prensa.

El proceso abierto contra el periodista es motivado por revelar información reservada a través de un artículo publicado en el periódico digital Plan V, cuyo contenido transmite información de interés público y que en modo alguno puede ser pasible de la acusación mencionada.

Luego que el presidente Rafael Correa hiciera un llamado a la justicia, la orden de detención fue dictada contra el periodista Villavicencio, quien además es autor de otras denuncias de corrupción publicadas en libros y medios de información.

Por esto, a juicio de IPYS originaría una persecución política en su contra a través del sistema judicial. Villavicencio también ha sido amenazado, y pasa salvaguardar su vida y la de su familia solicitó el 2014 medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales le fueron otorgadas.

Y el 2013 Villavicencio fue sentenciado por la justicia ecuatoriana por una supuesta ‘injuria judicial’ al presidente Correa, por lo que debió pagar US$ 47,000 y pasar un año en la clandestinidad, exiliado en el territorio del Pueblo Sarayaku. En este proceso la justicia actuó ante un pedido público del presidente.

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