El Gobierno declaró en emergencia y dictó medidas para la reestructuración y fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por un periodo de 24 meses.
La medida publicada en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano al amparo de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso de la República, tiene entre sus objetivos revertir la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
La norma señala que la declaratoria para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el INPE obedece a razones de seguridad, salud, hacinamiento y a la deficiente infraestructura penitenciaria.
Asimismo, refiere que las intervenciones en el marco de la declaratoria de emergencia se centrarán principalmente en los ámbitos de salud, infraestructura, seguridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la gestión administrativa.
Los decretos 1325 y 1328 fueron suscrito por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello.
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