Comisionados de la Defensoría del Pueblo se apersonaron hasta el hospital Belén de Chiclayo con el propósito de advertir a los médicos sobre las implicancias administrativas y legales en las cuales pueden incurrir por la entrega de dicho nosocomio al Estado.
Durante la visita realizada de manera coordinada con el Ministerio Público, el representante de la institución en la región Lambayeque, Julio Hidalgo, exhortó al gremio médico a evitar esta medida pues afecta directamente a la población, desnaturaliza el servicio público de salud y deslegitima los reclamos del personal frente a la ciudadanía pues resulta desproporcionada.
Asimismo, advirtió a los galenos de dicho establecimiento que la medida traerá consecuencias administrativas y legales en las cuales podrían verse involucrados.
“Si bien las áreas críticas, como el servicio de emergencia y la unidad de cuidados intensivos, se encontrarán funcionando, esta radical decisión podría atentar gravemente el derecho a la salud de las personas, pues se suma a la suspensión de la consulta ambulatoria, que ya perjudica a cientos de personas”, manifestó el funcionario.
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