La venta ilegal de bases de datos en mercados informales sería sancionada con una pena de entre dos y cinco años de cárcel, de acuerdo con un proyecto de ley presentado ayer en el Congreso.
La pena será efectiva si comercializan o facilitan la citada información sin la respectiva autorización. Es decir, si proporciona detalles sobre el origen étnico o racial de una persona, sus características físicas, vida afectiva, familia, domicilio, creencias, entre otros datos, señala la iniciativa.
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