Alcaldía de Lima cerró 26 establecimientos en los últimos meses, pero ¿qué pasó con galería de Las Malvinas?

Ahora que la galería Nicolini, en el corazón de Las Malvinas, es una mancha oscura que humea, la Municipalidad de Lima informa que en los últimos meses interpuso denuncias por la presunta comisión de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad a 26 empresas comerciales que incumplieron las disposiciones de clausura y cierre de sus establecimientos debido a que no operaban en condiciones de formalidad y seguridad exigidas por ley.

¿Y la galería Nicolini? La versión oficial de la comuna refiere que el 9 de junio clausuró el inmueble, peroseguía funcionando. ¿Qué pasó?

Entre las firmas demandadas, informa la alcaldía, figuran personas jurídicas ligadas al rubro del transporte, restaurantes, importadoras de bienes, tiendas de juguetes, hostales, cantinas, restaurantes y otras que fueron intervenidas a partir del mes de septiembre de 2016, y que tuvieron que ser demandadas ante la negativa de sus representantes legales a acatar lo dispuesto por la autoridad municipal.

También aparecen empresas inmobiliarias, bazares, tiendas de regalos, cabinas de internet, y la galería comercial ‘El Huequito’, además de las oficinas administrativas implementadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ubicadas en la cuadra 4 del jirón Ayacucho, Cercado de Lima.

La alcaldía refiere que fueron intervenidos comerciantes dedicados al comercio ambulatorio y personas naturales que ejercían actividades comerciales sin cumplir con las reglamentaciones exigidas para ejercer tareas comerciales de acuerdo a ley, y que ante el ejercicio de la autoridad no tuvieron mejor idea que operar ilegalmente y a espaldas de lo establecido en las normas.

Las acciones de cierre y clausura fueron realizadas, explica la alcaldía, luego de las correspondientes inspecciones a cargo de la Gerencia de Fiscalización y Control, que supervisa que los establecimientos comerciales cuenten con licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil y otros requisitos necesarios para garantizar adecuadas medidas de seguridad, sanidad, higiene y otras exigencias necesarias en el rubro de servicios.

El recurso legal interpuesto en contra de José Enrique López Ramírez es por la presunta comisión del delito “contra la administración pública – delitos cometidos por particulares, en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad, y contra la vida, el cuerpo y la salud – exposición al peligro de persona dependiente”.

La empresa JPEG no acató la disposición edil, por lo que su dueño ha sido denunciado ayer, pero es preciso preguntarse si tenía que ocurrir esta desgracia para que la alcaldía de Lima tome las riendas y alce la voz.

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