Walter Gutiérrez: “Queremos poner la salud en la agenda nacional”

La Defensoría del Pueblo no descuidará el seguimiento de los conflictos sociales. Pero también su atención se centrará en Salud, Educación y seguridad ciudadana. En los próximos días presentará un informe sobre la dramática situación de las emergencias en 90 hospitales públicos del país. La precariedad es tremenda, escasean los medicamentos, los equipos son obsoletos, hay hacinamiento y médicos a los que no se les paga.

¿La Defensoría priorizará la supervisión de los sectores Salud y Educación, y no prestará tanta atención a lo que es conflictos sociales?
No, de ninguna manera. El tema de los conflictos sociales es muy importante en el país, debido a que el Estado no tiene presencia en todos los ámbitos y hay pocos canales institucionales para expresar los reclamos de la población. Entonces gana la calle para la protesta. Pero no es el único tema, la Constitución le impone a la Defensoría del Pueblo la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales; la marcha de la administración del Estado y la eficiencia de los servicios públicos. Si el Estado no es eficiente, todos los derechos son nominales. Por eso acabamos de realizar una supervisión en 90 hospitales del país.

¿Prácticamente todo el sector Salud?
Hemos supervisado el servicio de emergencia en 90 hospitales de todo el sistema de Salud, FF.AA., Essalud y Minsa. Hemos encontrado un déficit de acceso a las medicinas.

¿No hay medicamentos en las emergencias?
De un total de 450 personas entrevistadas en los 90 hospitales supervisados, poco más del 30 por ciento no encontró los medicamentos recetados dentro del establecimiento de salud. En Essalud, el problema es un poco menor. Las emergencias tampoco cuentan con equipos, no se puede dar un buen servicio con aparatos del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI.

Hay médicos que compran taladros de construcción para operar…
Los equipos son obsoletos. Queremos recoger data para luego hacer recomendaciones. No hay acceso al medicamento en las emergencias y eso genera un mercado privado paralelo. Cuando no hay medicamentos, el paciente tiene que procurárselos en las farmacias aledañas y no son genéricos sino de marca. Entonces el acceso a la salud no es gratis, como lo establece la Constitución. Pareciera que hay una política de debilitamiento de los servicios de salud del Estado para fortalecer el mercado privado.

¿Esto viene del gobierno anterior?
No nace ahí, pero sí se agudiza por la ineficiencia del gobierno anterior, a pesar de que tuvo presupuesto. A mí me criticaron por plantear la supervisión de los servicios públicos. Las irregularidades en el SIS rebatieron ese cuestionamiento. Aún no lo hemos supervisado. Adicionalmente a la falta de medicinas, los equipos de las emergencias son obsoletos. Ejemplo, los equipos de anestesiología tienen cinco años de vida útil y en la mayoría de hospitales tienen ocho años y en otros 13 años.

De terror.
Es el corazón de una intervención de emergencia. Además del exceso de años, no tienen mantenimiento. Los equipos que permiten monitorear todos los indicadores del paciente también son muy antiguos. Se paran en plena operación. Es un riesgo. Las camas donde se opera están viejas y, aunque parezca risible, pueden desbaratarse en la operación y los médicos deben sujetar al paciente. Estas son realidades.

Y contundentes…
En el informe que publicaremos consignaremos cifras. Prácticamente en todas las emergencias supervisadas los equipos pasan los cinco años y el mantenimiento es muy irregular. Los equipos obsoletos funcionan 24 horas al día.

¿Hay equipos que no funcionan y “decoran” las emergencias?
Los he visto, dos incubadoras abandonadas. De cuatro solo funcionaban dos. Gran deterioro, camillas oxidadas, inservibles. O es ineficiencia, o es adrede para luego tercerizar; tenemos que confirmar esto último, pareciera que el asunto va por ahí. En el primer semestre del 2017 tendremos más base para afirmar o descartar que es producto de la corrupción. En un anterior informe sobre hospitales encontramos que había una demanda de 700 personas para ser operadas del corazón. Pero el hospital solo tiene capacidad para 150 personas, no más. El diferencial se tiene que operar afuera. La idea es que más adelante saquemos un informe mensual sobre el sector Salud como se hace con los conflictos sociales. Conocer sobre la calidad del servicio de salud, medicina, etc., y que el ciudadano sea consciente de sus derechos. Las autoridades de Salud podrán conocer también la realidad. El hospital de San Juan de Lurigancho, de nivel II, ¿sabe cuántas camas tiene?

¿100 camas?
Son 102 y la población de San Juan de Lurigancho es más de un millón de personas. La actual ministra de Salud dijo acertadamente que primero quiere ver la eficiencia. El presupuesto en países como el nuestro siempre será poco, pero las cosas empeoran si somos ineficientes. Lo somos. Falta data, estadística, y lo que no puedes medir no lo puedes controlar ni mejorar. No hay estadísticas ni en Salud, ni en Educación, sectores fundamentales. No se sabe cuál es la demanda de salud en San Juan de Lurigancho. Si no conozco esto, sobre la base de qué se brinda el servicio de salud.

¿En las emergencias hay tugurización?
También tenemos ese problema. Hay un hacinamiento total y en la emergencia te juegas la vida. De un total de 90 hospitales supervisados, se observaron problemas de sobredemanda de los servicios de emergencia, evidenciándose un congestionamiento de los mismos: varones y mujeres en el mismo ambiente, camillas en los pasillos y pacientes con más de 12 horas de permanencia en emergencia. Otro punto preocupante es la situación de los médicos. Muchos están en un régimen parecido al CAS y están impagos tres a cuatro meses…

¿Por qué?
Parece que en el MEF hay una morosidad. Viene del gobierno anterior y se quiere corregir en esta gestión. Claro, los médicos impagos no asisten o se van a su consultorio. Es un porcentaje que puede llegar al 30% de la planilla médica. En estos días termina la declaratoria de emergencia en salud para los hospitales de Lima y algunos de provincias. Preguntaremos al sector Salud sobre las acciones realizadas y elaboraremos un informe.

¿En provincias esto se acentúa?
Sí, la atención es menor. Aprovecho para mencionarle que en los últimos 10 años, han muerto 201 personas y más de dos mil heridos. Esa cifra no es ni remotamente la de las víctimas por ineficiencia del mal servicio de salud, ¡en una semana!

Lamentablemente la muerte es algo natural…
Por ineficiencia. Mire, estábamos en el hospital de San Juan de Lurigancho y había un niño de 13 años con peritonitis que estaba esperando 12 horas. Se le salvó la vida porque la doctora, con buen tino, permitió que se le trasladara a un hospital en la movilidad de la Defensoría. Si no hubiéramos estado ahí el niño estaría muerto. Con esto quiero decirle que el tema de salud es muy importante para la Defensoría. Los conflictos sociales también, pero salud debe tener un espacio y nuestra atención. Están muriendo miles de personas. Por eso queremos poner el tema de salud en la agenda nacional. Ese el más básico de los derechos fundamentales.

¿En el sector Educación las cosas son mejores?
Este es el otro gran tema de la Defensoría. Aún no hemos hecho supervisiones, pero vendrán. Recibimos muchas quejas y preocupaciones. Sobre todo en infraestructura y eficiencia del servicio educativo. En el 2015, a nivel nacional recibimos 2,420 quejas. El 38% se refiere a la asistencia de personal docente e infraestructura educativa; el 31%, a la permanencia, la continuidad del servicio educativo; el 21% se refiere a cobros indebidos que afectan el derecho a la gratuidad, y a otros condicionamientos (exigencia de requisitos no previstos en la norma, por ejemplo tener DNI para ser matriculado); el 6%, al incumplimiento del currículo escolar, falta de capacitación del personal docente; y otro 4% de quejas.

Los medios recogen mucha protesta por el mal estado de los locales educativos.
Mire, al 2016 solo se hicieron 213 obras en planteles educativos. Y los colegios públicos son 79,839. De esas obras, 106 se han culminado, 23 están en ejecución, 52 en proceso de convocatoria y 32 con contrato resuelto. Y el presupuesto de Educación es el más grande de todos los sectores, 26,181 millones de soles. Salud es la mitad. Esto revela que hay problemas en infraestructura y seguridad de los planteles escolares. Estamos iniciando una supervisión en 90 colegios, veremos infraestructura, calidad educativa, textos escolares, salubridad (cómo están esos baños), kioskos.

Ficha

• Walter Gutiérrez Camacho es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima.

• Fue presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en los últimos comicios generales. También en las elecciones regionales y municipales de 2014.

• Fue decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) entre 2008 y 2009.

• Es coautor del libro Las Constituciones del Perú, director y coautor de las publicaciones La Constitución comentada y Derechos Humanos.

• Fue presidente de la comisión encargada de elaborar el Anteproyecto de Código de Protección y Defensa del Consumidor (2009) y asesor de la comisión encargada de elaborar el Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Civil del Perú.

• Es fundador de Gaceta Jurídica, Diálogo con la Jurisprudencia, del periódico y revista La Ley, y del portal web www.laley.pe.

• Es el tercer defensor del Pueblo elegido en el Perú.

Por Mariella Balbi – Periodista