22.MAY Miércoles, 2024
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‘Villarán puede pedir dinero a cualquier banco, menos a la Caja de Lima’

Experto en derecho municipal, Julio Castiglioni, aclara que Ley Orgánica de Municipalidades fija restricciones para las contrataciones de los bienes ediles.

Villarán puede obtener préstamos en cualquier banco, menos en Caja de Lima. (USI)
Villarán puede obtener préstamos en cualquier banco, menos en Caja de Lima. (USI)

El abogado Julio César Castiglioni, experto en derecho municipal, aclaró hoy que la Ley Orgánica de Municipalidades no permite los convenios con personas naturales y solo avala los convenios interinstitucionales, al comentar la denuncia de Perú21 sobre los préstamos a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a varios regidores de la comuna capitalina de la Caja Metropolitana de Lima, que alegó que estos créditos son lícitos y están regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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“Esta ley establece las restricciones para la contrataciones de los bienes municipales por parte de los funcionarios elegidos por voluntad popular. La alcaldesa y los regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima pueden obtener préstamos de cualquier institución bancaria a nivel nacional, menos de la Caja Metropolitana de Lima”, señaló Castiglioni a Perú21.

“No está en discusión la gestión, regulación y funcionamiento de la Caja Metropolitana de Lima. Tampoco está en discusión la Ley de Bancos y la resolución SBS N° 445-2000, la norma que prohíbe la utilización o la compra de los bienes municipales es la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades”, añadió el letrado.

Castiglioni explicó que la alcaldesa de Lima percibe una remuneración mensual de S/.14.300 y los regidores el 30% de ese sueldo por asistencia efectiva a las sesiones de concejo, las cuales en este caso, no se realizan de forma semanal sino cada 15 días.

“Si un regidor no asiste o está con licencia, no percibe la dieta, en consecuencia se está otorgando préstamos por ‘hechos inciertos’, además qué pasaría con el préstamo si son vacados no habría quién pague, porque como se señala esto es por ‘planilla cash’”, indicó.

La Caja Municipal alega que, como empresa municipal, puso en marcha este programa de ‘planilla cash’ en 1998. Sin embargo Castiglioni precisó que “la actual Ley Orgánica de Municipalidades entró en vigencia el 27 de mayo del 2003, por lo cual la prohibición de que no pueda contratar es a partir de ese año”.

“Es sorprendente saber que a partir del año 2003 al 2010 fueron 21 regidores los clientes de la ‘planilla cash’ de la Caja Metropolitana de Lima por un monto de millón 487 mil 890 nuevos soles. Sería interesante saber los nombres de estos regidores”, acotó.

En ese sentido, dijo que en el numeral 8 del comunicado emitido por la Caja de Lima –que señala que “conviene recalcar que el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) que señala que: ‘los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar obras o servicios públicos municipales’ no ha sido transgredido en este caso– “se omite exprofesamente la palabra ‘ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes’ y del cual se olvidan hacer el análisis”.

“En el numeral 3 y 4 del artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades se señala que son bienes de las municipalidades las acciones y participaciones de las empresas municipales y los caudales, por la cual la alcaldesa y los regidores han contravenido el artículo 63 del mismo texto legal al adquirir un bien municipal (acciones, caudales) en forma directa a través de un convenio (contrato) y con un claro interés”, añadió.

“De lo antes expuesto se desprende con claridad que la causal de vacancia de la alcaldesa de Lima y de los regidores involucrados cumple con el test de interpretación sistemática del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establecido por el JNE, toda vez que existe un contrato (convenio), la intervención en la calidad de adquiriente de la alcaldesa, como máxima autoridad ejecutiva y administrativa, y de los regidores, quienes han renunciado a su función fiscalizadora, al haber contratado en forma directa y en un conflicto de intereses”, sentenció.


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