El Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, concedió una medida cautelar a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que suspende la intervención decretada por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Según la jueza Lissett Monzón Valencia, no existe base legal expresa que permita a la Comisión de Coordinación Interuniversitaria o al presidente de la ANR acordar la intervención de una universidad privada.
“No se puede permitir que autoridades públicas ejerzan injerencia administrativa, económica o financiera, sobre personas jurídicas de derecho privado, sin tener expresas facultades para ello, independientemente de quien sea, por que ello colisiona con el principio de interdicción de la arbitrariedad”, acotó Monzón.
En ese sentido, dijo que solo el Pleno de la ANR está permitido para intervenir en la suspensión de funciones de las autoridades universitarias.
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