Todo lo que debes saber acerca del proyecto de ley sobre medios de comunicación de Fuerza Popular

La bancada de Fuerza Popular ha presentado un proyecto de ley para “proteger las libertades y derechos informativos de la población”.

La propuesta legislativa sobre los medios de comunicación ya ha provocado la reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual calificó de “alarmante” , pues se convertiría en un instrumento legal para que un gobierno autoritario acuse y procese a un periodista o al director de un medio con la intención de silenciarlo.

Pero, ¿de qué trata este proyecto sobre los medios de comunicación? Según se puede leer en el documento, el objetivo es garantizar el derecho a la información objetiva y veraz, plural y oportuna de la sociedad. Veamos a detalle:

• No podrán ser directores periodísticos, editores, productores u otro cargo análogo cuya responsabilidad incida en la línea editorial de un medio de comunicación, las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado.

• No podrán ser presidente o miembro del Directorio, accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación, las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado.

• La prohibición contenida en los numerales precedentes se extiende inclusive a las personas que a la fecha, vienen siendo investigadas por el Ministerio Público, por la comisión de delitos de corrupción en agravio del Estado Peruano. Dicha prohibición cesa al momento en que la referida investigación es archivada en forma definitiva.

Es decir, impedir que los investigados por la Fiscalía por presunto delito de corrupción en agravio del Estado puedan asumir todo cargo con responsabilidad en la línea editorial de un medio de comunicación.

Veeduría Ciudadana

El proyecto de Fuerza Popular señala que serán “los ciudadanos” los que ejercerán la veeduría en la conducción de los medios de comunicación, para garantizar el derecho a “la información neutral, objetiva y desinteresada que deben ejercer los medios de comunicación dentro de la libertad de expresión y de prensa”.

Los fundamentos

El proyecto de ley fue presentado el 7 de marzo último y tiene como autoras a las legisladoras Úrsula Letona y Alejandra Aramayo.

Entre los fundamentos de esta iniciativa se señala que frente a la grave crisis institucional que afronta el país a raíz de las denuncias contra empresas brasileñas por presuntos actos de corrupción, es necesaria la participación de todos los actores de la sociedad para salir de esta crisis, y en especial, la de la prensa, por ello:

• Es importante garantizar que la prensa, quien será la que transmitirá la información a la opinión pública, no esté dirigida por personas que justamente se encuentren inmersas en las investigaciones Policiales o Fiscales sobre la presunta comisión de delitos de corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros.

En declaraciones a Perú21, Úrsula Letona sostuvo que lo que busca el proyecto es preservar el bien jurídico del derecho a la información y evitar que una persona involucrada en delito de corrupción “incida en la línea editorial de un medio de comunicación, desviando la atención respecto de hechos de corrupción”.

Al respecto, la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, aseguró que desde su bloque “siempre hemos respetado la libertad de expresión” y añadió que la iniciativa no tendría el propósito de vulnerar ese derecho:

“Hay que estudiarlo en las comisiones pertinentes, es materia de discusión, no lo den por hecho, hay que sacar lo mejor de ello”, subrayó.

Cuestionamientos

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput , declaró a Perú21 que “las normas de buen gobierno y de gobierno corporativo ya establecen limitantes para personas con dudoso accionar”, por lo que no sería necesario legislar sobre la materia.

“Las empresas se cuidan en la formación de sus directorios porque son su carta de presentación y uno de sus activos, de manera que son muy cuidadosas en el nombramiento de sus directivos”, comentó.

Sheput agregó que una legislación como la que plantea Fuerza Popular constituiría una “intromisión, de repente buscando sacar del camino a alguien”.

“Sería una norma con nombre propio. Esta norma no solo revela desconocimiento de la forma como operan las empresas privadas, sino una intromisión directa”, expresó.

Por su parte, el portavoz del Partido Aprista, Javier Velásquez, dijo que es “discutible” que el Congreso, a través de la legislación, pueda intervenir en la formación de los directorios de los medios de comunicación:

“Las leyes no tienen efecto retroactivo y no puede haber excepciones al respecto. Hay que hacer una evaluación cuidadosa respecto de los alcances del proyecto para evitar que, en la búsqueda de normar en positivo la lucha contra la corrupción, se pueda afectar el derecho a la libertad de expresión”, indicó.

Curiosamente, el proyecto legislativo de Fuerza Popular que viene generando polémica recoge entre sus fundamentos, uno de los más conocidos preceptos enarbolado por el destacado periodista y abogado, Alejandro Miró Quesada Garland, que dice:

“Si los periodistas exigimos amplia libertad estamos obligados a ofrecer honestidad e independencia (…) Solo así podrá el periodismo cumplir, honrosamente, su noble y difícil misión”.

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