Las estadísticas sobre seguridad ciudadana dadas a conocer por el gobierno no parecen tener asidero ni consistencia. Pese a que el ministro del Interior, Daniel Urresti, insiste en defender las cifras, luego de un análisis de las mismas, expertos en la materia señalaron que la cantidad de policías que patrullarán las calles, así como el número de personas detenidas, bandas delincuenciales desarticuladas, toneladas de droga y madera decomisada, y los vehículos enviados al depósito resultan arbitrarias y no concuerdan con la realidad.
El cuestionamiento ha surgido del Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana, el cual han formado recientemente 13 profesionales –entre ellos varios exministros o exviceministros del Interior– que están preocupados por la complejidad que presenta el problema de inseguridad en el país y por las dificultades del Estado para enfrentar el fenómeno con eficacia.
El exprocurador ad hoc del caso Fujimori-Montesinos, José Ugaz, integrante del grupo de trabajo, dijo que los expertos han determinado que las cifras presentadas por el presidente Ollanta Humala, en su mensaje del 28 de julio, y por el ministro del Interior, Daniel Urresti –al mes de asumir su función–, no pasan el examen mínimo de razonabilidad.
Ugaz señaló a Perú21 que actualmente hay un gran despliegue mediático del ministro Urresti en redadas, operativos contra microcomercializadores de droga o contra la minería ilegal. Sin embargo, se trata de medidas aisladas.
“Parece, más bien, una operación psicosocial para darle tranquilidad a la población, con un ministro que se ve bastante activo, pidiendo cuentas a los policías, exigiendo y dirigiendo, pero estas acciones no están articuladas con un plan orgánico que priorice las acciones de inteligencia contra el crimen organizado”, comentó.
PLAN SIN AVANCES
Al respecto, el exviceministro del Interior y presidente de la ONG CHS Alternativo, Ricardo Valdés, recordó que el año pasado el presidente Ollanta Humala oficializó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, el cual contiene una serie de estrategias para enfrentar el fenómeno delincuencial. No obstante, indicó que dicho plan hasta el momento presenta un avance de 0%.
Valdés refirió que, en su diagnóstico, el plan reconoce la grave situación en que se encuentra la Policía por la mala infraestructura de las comisarías, ya que en el 52% de ellas no se pueden ejecutar obras de mejoramiento debido a la falta de títulos de propiedad.
El plan también admite la falta efectivos en las calles, pues, aunque se cuenta con 34,805 policías para las 1,397 comisarías que existen en todo el país, solo el 30% patrulla, es decir, unos 12 mil agentes. “Si se tiene en cuenta que por el sistema 24X24 la mitad de ellos descansa, resulta que hay solo 6 mil policías patrullando diariamente el país, lo cual es insuficiente”, dijo Valdés.
Pero eso no es todo. En su diagnóstico, el plan también refiere que el 40% de las comisarías no tiene computadoras operativas y, dentro del 60% que sí las tiene, el 70% no tiene conectividad. Lo peor de todo es que ocho de cada 10 comisarías no están interconectadas y, de las que sí lo están, el 87% no tiene acceso al sistema de denuncias policiales.
“Eso quiere decir que solo 30 comisarías del país cuentan con la capacidad para verificar de inmediato una denuncia. Entonces, tenemos una policía deficiente que no tiene infraestructura ni capacidad de gestión porque no tiene los mecanismos para funcionar rápido; y ahí es donde tiene que invertir el gobierno. De nada sirve comprar helicópteros mientras estos temas de conectividad no se resuelvan”, sostuvo el experto.
POLICÍAS IMPROVISADOS
No obstante, la Policía Nacional enfrenta más problemas. Para el exministro del Interior y dos veces presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Gustavo Carrión, otro tema de prioridad en el que debe trabajar el gobierno es la corrupción que existe en la institución. Frente a ello, consideró que se debe invertir más en la calidad de la preparación y formación de los policías, que cada vez salen más rápido de las escuelas sin la formación debida.
“Para cumplir una meta cuantitativa, están fabricando policías apresuradamente. Los sacan tras una preparación de un año y medio, sin darse cuenta de que la calidad de la formación es pésima”, dijo.
Carrión manifestó que eso agrava el tema de la inseguridad, “pues un policía mal seleccionado y mal preparado constituye un riesgo adicional a la seguridad, ya que no tiene la pericia para desempeñarse eficientemente y tampoco la serenidad y el equilibrio emocional que requiere la función policial”.
Sin embargo, enfatizó que ningún diseño va a tener éxito si se sigue con una Policía contaminada. “Ningún plan dará resultados si la institución no es sanada de la corrupción, y para ello debería haber una intervención desde afuera. Podría ser con una comisión de notables externos que ejecuten una evaluación de la institución y paralelamente diseñen planes para enfrentar la criminalidad”, puntualizó.
Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma refirió que lo más importante en el tema de la seguridad ciudadana es trabajar de forma articulada entre los sectores Interior, Justicia, así como con el Poder Judicial o el Ministerio Público.
“Es claro que actualmente no hay una política de Estado en este tema y esta ausencia de políticas concertadas genera que todos los esfuerzos aislados se trunquen. Esa es una responsabilidad básica que corresponde al Poder Ejecutivo y debería asumirla”, anotó.
¿QUIENES INTEGRAN DICHO GRUPO?
El Grupo de Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana lo integran los exministros del Interior Fernando Rospigliosi y Gino Costa, el exdirector de la Policía Gustavo Carrión y los exviceministros del Interior y expertos en temas de seguridad Ricardo Valdés y Carlos Basombrío.
También se encuentran el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, y el exprocurador ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos, José Ugaz Sánchez Moreno.
Además, los especialistas Rubén Vargas, Jorge Nieto Montesinos, Ricardo Uceda, Rafael Fernández Stoll, Rocío Villanueva y Manuel Boluarte.
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