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La ruta de Brookfield en Perú: la historia de la concesión del peaje

Con poderes inscritos ante la Sunarp y la Sunat, los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso Jorge Barata, se mantienen como apoderados de Rutas de Lima y siguen a cargo de las operaciones en la Panamericana.

Rutas de Lima y el uniforme de Odebrecht. Trabajadores aún usan dicha vestimenta, según lo constató Perú21 el 5 de enero último.
Rutas de Lima y el uniforme de Odebrecht. Trabajadores aún usan dicha vestimenta, según lo constató Perú21 el 5 de enero último.
Carlos Neyra

Carlos Neyra

@cafeneci

El inicio del año en la capital fue sacudido por los violentos enfrentamientos entre la Policía y los vecinos de Puente Piedra, quienes protestaron por el alza del peaje y la instalación de una nueva garita a cargo de Rutas de Lima SAC (RDL), cuyo principal operador es la estatal canadiense Brookfield.

Los sucesos no pasarían de ser una protesta normal y legítima ante lo que este sector de limeños considera una imposición injusta si no fuera porque, detrás de la historia, aparece también la brasileña Odebrecht, actualmente investigada en diversos países del mundo, entre ellos Perú, por actos graves de corrupción.

¿Cuál es la relación? Veamos. La historia arranca en 2010. El consorcio Líneas Viales de Lima, conformado por Odebrecht, propuso al alcalde de Lima, Luis Castañeda, el proyecto “Vías Nuevas de Lima” con el objetivo de administrar los peajes en las vías Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé a cambio de realizar obras de mejoramiento y mantenimiento. Ello ocurrió el 16 de abril de 2010.

En 2013, luego de tres años de negociaciones y sin concurso público, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, decidió otorgarle la concesión por 30 años a RDL, que se comprometió a invertir un estimado de US$498 millones en las vías concesionadas.

Cuando Odebrecht ya se encontraba en complicados procesos judiciales en Brasil y sus principales directivos apresados, la firma comunicó, el 24 de junio de 2016, que vendió el 57% de su participación en RDL al fondo canadiense Brookfield. El monto de la transacción habría sido US$500 millones, estimado por el economista Juan Mendoza. De esta forma, Odebrecht se quedó con 25% y Sigma SAFI con el 18% de las participaciones.

Según Mendoza, en los tres años, RDL aumentó en 66% los peajes sin mejorar el servicio, habiendo invertido no más de US$250 millones. Habría ganado entonces unos US$250 millones en tres años, “una tasa de rentabilidad absolutamente inusual en los negocios privados honestos”, explica.

¿EN MANOS DE QUIÉN?

¿Pero quién administra realmente Rutas de Lima y los peajes actualmente? Pese a que Odebrecht oficialmente se quedó solo con el 25% desde mediados del año 2016, hay indicios hallados por este diario que revelarían que el control aún estaría en manos de la firma brasileña.

Según la partida electrónica 12934026, inscrita en la Sunarp, Rutas de Lima SAC inscribió un acuerdo de asociados de fecha 11 de enero de 2016, a través del cual revoca los poderes legales de Guilherme Borges –firmante del contrato de concesión en el 2013– y se lo otorga a Jorge Barata, hasta el 18 de enero de este año (el cual no había sido revocado aún hasta el 12 de enero).

El mismo 11 de enero, RDL también les dio mandatos y poderes a sola firma a los brasileños Felipe Ferreira Neves y Raúl Pereira Neto; este último fundó la empresa RDL el 13 de octubre de 2012. Es decir, en la actualidad, los tres ejecutivos –vinculados a Odebrecht– continúan con dichos poderes y a cargo de las operaciones de la concesionaria RDL.

Sonia Donayre, portavoz de Odebrecht, negó a Perú21 que la transnacional brasileña continúe con las operaciones de RDL, pero no supo qué responder cuando se le preguntó sobre la continuidad de los ejecutivos y con poderes vigentes.

Sin embargo, Antonio Gómez, de RDL, confirmó a Perú21 que Ferreira Neves sigue a cargo de la gerencia de operaciones y como apoderado. En tanto, Pereira Neto continúa como gerente general de RDL. Explicó que esta situación obedece a que el departamento legal aún viene realizando los trámites de cambio de titularidad ante la Sunarp y Sunat. No obstante, llama la atención la demora, pues ya han transcurrido siete meses desde que se realizó la transacción financiera con Brookfield. El abogado Gunther Gonzales tiene al respecto algunas dudas (ver Opina).

Gómez también confirmó que la empresa Odebrecht Perú Peajes SAC sigue a cargo del servicio “e-pass”, que consiste en la recaudación automática en los peajes por encargo de RDL.

Por otro lado, Odebrecht Perú Peajes SAC consigna –según ficha registral 13524447, inscrita en Sunarp– como presidente del directorio a Jorge Barata y como apoderados a Ferreira Neves y Pereira Neto, los mismos que ocupan cargos en RDL y en Odebrecht Latinvest Peru SAC.

EQUIPO ODEBRECHT

Hasta hace unos días, Perú21 pudo constatar que las obras civiles en el cruce de la Panamericana Norte con la avenida San Genaro, en Los Olivos, como parte de mejoramiento de vías, se mantenían en marcha. Sin embargo, la novedad fue que los trabajadores continuaban utilizando uniformes de la empresa Odebrecht (ver foto principal).

En dicha intersección está ubicado el colegio Precursores de la Independencia Nacional (PIN), que es administrado por la Policía Nacional y alberga a más de cinco mil alumnos hijos de policías.

El paso a desnivel que construye RDL bloqueará el paso de servidumbre entre el paradero y la puerta de acceso al centro educativo.

La construcción del paso a desnivel fue suspendida en junio de 2016 a pedido del director del colegio, pero un grupo de padres de familia –sin contar con poder de representación– y un representante edil firmaron, el 19 de octubre de 2016, un acta que autoriza a RDL a continuar con la obra. ¿Y quién firmó por parte de RDL? Nada más ni nada menos que el brasileño y funcionario de Odebrecht Raúl Pereira Neto. Cuando lo hizo, ya habían transcurrido cerca de cuatro meses desde que se efectuó la venta a Brookfield.

¿QUIÉN ES BROOKFIELD?

La estatal canadiense Brook-field ha centrado sus inversiones en la industria de servicios públicos. Tiene como política interna “el compromiso con las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernabilidad”. La compañía, luego de diez décadas de fundada, decide en el año 2000 dar apertura a inversionistas privados.

Brookfield tiene como política corporativa mantener actualizado el Código de Conducta y Ética Comercial en su página web. Destaca como premisa: “En la gestión de activos, la reputación de uno es todo (…) Tenemos obligaciones con nuestros clientes y debemos manejar su capital como si fuera el nuestro”.

Un abogado canadiense consultado para este informe, que pidió no ser identificado, señaló que la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (CFPOA) contempla las transacciones comerciales internacionales de las empresas. Explica que la ley exige a las empresas canadienses adoptar y aplicar políticas entre sus empleados para que estén al tanto de las enmiendas de la CFPOA y aplicar sus códigos de ética.

DATOS

  • Hasta octubre del año pasado, los directivos brasileños de Odebrecht Raúl Pereira Neto y Felipe Ferreira Neves continuaron actuando en representación de Rutas de Lima.
  • Pereira Neto suscribió un acta con representantes de un colegio en Los Olivos el 19 de octubre de 2016.
  • Ferreira Neves firmó, el 21 de setiembre de 2016, un convenio con la Policía para que esta dé seguridad a la empresa.

TENGA EN CUENTA

  • ¿Autorizó la Municipalidad de Lima la venta? Según el contrato de concesión suscrito entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima, se establece la autorización expresa del municipio como requisito para transferir las operaciones de la concesión.
  • El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, decidió no responder nuestro pedido de información, que se hizo a través de la subgerente de prensa, con el fin de confirmar si dio el visto a esa millonaria operación. Castañeda, como se recuerda, dispuso la suspensión del cobro del peaje por 30 días mientras duren las conversaciones. Pero el contrato establece penalidades que serán asumidas por la MML.
  • Castañeda dispuso el retiro de las garitas del peaje en Puente Piedra. Esta medida se daría con el objetivo de evitar otros actos de violencia como los suscitados el 5 y 13 de enero último. Se programó una nueva movilización para el 19.

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