Reforma descentralizadora, por Rafael Belaunde A. [Opinión]

La idea de revertir el centralismo conformando regiones supradepartamentales es centenaria y su premisa subyacente era la imposibilidad de descentralizar hacia circunscripciones pequeñas e institucionalmente débiles.

En 1987 se crearon 12 regiones por ley que rápidamente evidenciaron taras similares a las del gobierno central: metástasis burocrática, corrupción e ineficiencia. La sustitución del centralismo nacional por el regional no resolvió el problema de las comarcas periféricas a las capitales regionales.

En el 2002, luego del primer fracaso, se eligieron más gobiernos regionales que departamentos, desvirtuándose así el objetivo de aglutinarlos.

La corrupción e inoperancia casi generalizada demuestra que un proceso descentralizador divorciado del incremento de la participación y control ciudadanos no puede ser exitoso.

La necesidad descentralista no responde solo a ideales democráticos, deriva de nuestra geografía. Separados por extensos desiertos, agrestes montañas o frondosas selvas, somos un archipiélago de pueblos aislados. Siendo así, estos deberían gozar de autonomía local. El empoderamiento municipal, que inició Belaunde instaurando elecciones municipales en 1963, requiere reformas adicionales.

Conformar los concejos provinciales con los alcaldes distritales para neutralizar las tendencias centrípetas; separar la elección del alcalde distrital de la de sus regidores para revertir la falta de representatividad; transferir a ciertas provincias (digamos con más de 50,000 electores) las prerrogativas que hoy recaen en los gobiernos regionales, convirtiendo a estos últimos en gobernaciones departamentales supervisoras y coordinadoras de las relaciones interprovinciales.

Bajo este esquema, y dado el carácter unitario del Perú, el gobierno central recuperaría sus prerrogativas administrativas respecto a los recursos naturales, el medio ambiente y el patrimonio cultural, bienes públicos que pertenecen a toda la nación.

La reforma propuesta incrementaría el poder municipal y beneficiaría a 52 provincias como Jaén, Santa, Sullana, Pisco, San Román, San Martín, etc.
La regionalización se ideó como un medio, no como un fin, y ha dado pésimos resultados: ha generado corrupción e implicado la dilapidación de recursos.

Bien estructurada, en cambio, la municipalización reduciría los niveles administrativos del Estado y permitiría al ciudadano fiscalizar con efectividad a quienes lo administran.