A raíz de los derrames del Oleoducto Norperuano ocurridos este año, 3,500 familias de siete comunidades nativas se han visto perjudicadas y no han recibido la debida atención por parte del Estado ni de la empresa pública.
Por eso, organizaciones indígenas peruanas en conjunto con congresistas del opositor Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para el reconocimiento de la vigilancia indígena con el fin de mantener un monitoreo ambiental en las zonas de derrames de petróleo y contaminación por relaves de la minería, entre otros casos.
En una rueda de prensa en el Parlamento de Perú, la legisladora Tania Pariona del Frente Amplio dijo que, ante el escenario de contaminación y derrames permanentes en la Amazonía, los indígenas reclaman “una participación activa”.
El proyecto de ley presentado ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología plantea integrar la información proporcionada por los sistemas de vigilancia de las organizaciones indígenas y servir como prevención ante conflictos sociales y nuevas emergencias ambientales.
Contexto
En la actualidad, cientos de pobladores indígenas mantienen un paro en la localidad de Saramurillo, en la región amazónica de Loreto, que incluye el bloqueo del paso de embarcaciones por el río Marañón debido a los derrames de crudo que han contaminado sus poblados.
El representante de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Jorge Pérez, declaró que los pueblos nativos están viviendo momentos muy difíciles, y que “en estos 50 días de movilización hemos podido ver la arrogancia y la prepotencia del Estado frente a los problemas graves de contaminación”.
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