La votación que se realizó ayer en la Comisión de Fiscalización, mediante la cual se aprobó el informe final del caso Ecoteva, evidenció las diferencias en la bancada del partido de gobierno (Gana Perú) respecto a este tema que implicaría al expresidente Alejandro Toledo en la presunta comisión de delitos por su participación en las operaciones inmobiliarias efectuadas por su suegra Eva Fernenbug, en 2012.
En efecto, en las dos oportunidades en que se votó por la aprobación del documento referido –una por la responsabilidad del exmandatario en lavado de activos y la otra por asociación ilícita–, la parlamentaria nacionalista Esther Saavedra lo hizo en contra del líder de Perú Posible, agrupación considerada aliada política del régimen de Ollanta Humala.
A esto se suma las extrañas ausencias de los también legisladores nacionalistas Rogelio Canches, Julia Teves y Luis Llatas, miembros titulares del grupo de Fiscalización. Cabe anotar que este último estuvo presente en los primeros momentos del debate, pero luego se retiró, antes de votar.
En diálogo con Perú21, la congresista Saavedra explicó sus motivaciones y el sustento de su voto.
“Yo tengo mis principios. No estoy en el Congreso para tapar actos de corrupción”, aseveró con energía.
Agregó que “a medida que leí el informe, y a parte he indagado más por mi cuenta, llegué a la conclusión de que existen indicios razonables que comprometen a los investigados (Toledo, Eliane Karp, Fernenbug, Josef Maiman, ‘Avi’ Dan On y David Eskenazi)”.
Sostuvo que en su caso no recibió directivas de su bancada o del gobierno para votar en algún sentido.
“A mí que me respeten. Yo no recibo presiones, tampoco órdenes que me digan qué debo hacer. Yo consulto solo con mi consciencia”, dijo la representante nacionalista de la región San Martín.
Respecto de la postura que había en su agrupación sobre el caso Toledo, distinta a la suya, Esther Saavedra anotó: “Yo respeto la posición de mis colegas. No sé si ellos recibieron o no indicaciones (del presidente Humala) para votar”.
RUMBO AL PLENO
El debate previo a la votación –que fue de casi tres horas– del informe del caso Ecoteva tuvo momentos de intercambio verbal entre los legisladores que acusaban al exgobernante Alejandro Toledo y los que trataban de defenderlo.
Al final, fueron nueve legisladores los que votaron a favor de que el informe final sea aprobado para que Toledo sea investigado por lavado de activos en la Fiscalía. Tres lo hicieron en contra y tres se abstuvieron.
Cuando se puso al voto si el exjefe de Estado debía ser acusado por asociación ilícita, ocho parlamentarios votaron de manera afirmativa. Mientras que seis congresistas se pronunciaron en contra y uno se abstuvo. El que cambió su voto fue el aprista Mauricio Mulder, quien consideró que los elementos recogidos en el documento no son consistentes para sindicar al exmandatario por ese delito.
Al finalizar la sesión, Vicente Zeballos, presidente de la Comisión de Fiscalización, apuntó que mientras dure el receso parlamentario, la Comisión Permanente del Legislativo podría debatir y votar el informe final.
“Es posible que el informe que hemos aprobado sea abordado por la Comisión Permanente. Consultaremos con la Presidencia del Congreso y, si no está prohibido reglamentariamente, que lo vea la Permanente”, señaló.
Por su parte, el legislador ‘chakano’ José León expresó que el fujimorismo “se cobró hoy una revancha” contra el exgobernante Toledo con la aprobación del informe de la Comisión de Fiscalización por el caso Ecoteva.
“Ha sido la oportunidad del fujimorismo para cobrarse la factura a Alejandro Toledo por todo lo que pasó históricamente en las lides políticas”, opinó el también vicepresidente de Fiscalización.
DATOS
- Los votos a favor de que Alejandro Toledo fuera acusado de lavado de activos fueron emitidos por Segundo Tapia, Julio Gagó, Héctor Becerril, Alejandro Aguinaga, Juan José Díaz Dios, Luis Galarreta, Vicente Zeballos, Esther Saavedra y Mauricio Mulder.
- Los congresistas que votaron por sindicarlo en asociación ilícita fueron los mismos, menos Mulder.
- El caso sería votado por el Pleno en marzo próximo.
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