El Gobierno está analizando las consecuencias jurídicas y económicas de la resolución del Tribunal Constitucional que le ordena el pago de los bonos agrarios, informó hoy el jefe del gabinete, Juan Jiménez.
“En este momento los técnicos están analizando las consecuencias de este fallo, los aspectos constitucionales, jurídicos, pero también económicos, porque tiene una incidencia económica importante”, dijo el primer ministro a la Agencia Andina.
Al recordar que es un derecho constitucional criticar las resoluciones judiciales, dijo que el Ejecutivo “tomará una posición” en base al estudio de todos los aspectos comprometidos en el caso, el mismo que se dará a conocer mañana.
Jiménez Mayor indicó que “hubiera sido sano para el país” que todos sean testigos de un debate jurídico sobre las distintas posiciones en esta materia.
“Nos hubiera gustado que esto se realice en una audiencia especial, para lo cual el Tribunal tenía las atribuciones, pero han decidido emitir un fallo sin esta posibilidad”, manifestó.
La resolución del TC dispone que el Poder Ejecutivo, en un plazo de seis meses a partir de la fecha, emita un decreto supremo que regule el registro, valorización y formas de pago de la deuda de los bonos de la reforma agraria.
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