Gasoducto del Sur: Atribuyen delitos a Ollanta Humala y a Nadine Heredia

El panorama se va aclarando para la comisión del Congreso que preside el legislador Daniel Salaverry, que investiga presuntas irregularidades en los megaproyectos ejecutados durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016).

En un informe preliminar del referido grupo de trabajo al que tuvo acceso Perú21, se atribuyen responsabilidades políticas y penales a ex funcionarios que estuvieron involucrados en la licitación del Gasoducto del Sur, megaobra que fue concesionada al consorcio que encabezó la compañía Odebrecht.

Entre los servidores públicos involucrados aparecen Humala y su esposa Nadine Heredia. Al ex mandatario se le implica por haber cometido los delitos de colusión y negociación incompatible por, presuntamente, “concertar” y “encajar las piezas en el engranaje administrativo” para favorecer a la firma brasileña y sus asociados, que en junio de 2014 se adjudicaron el proyecto que demandaba US$7,300 millones de inversión.

A Heredia, por su parte, se le sindica de ser cómplice de colusión y de incurrir en el delito de usurpación de funciones.

La hipótesis de la comisión es que fue la ex primera dama, sin ser funcionaria de gobierno, quien propuso como ministro de Energía y Minas a Eleodoro Mayorga por recomendación de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú.

“(Heredia) es quien habría formado parte del engranaje que decidía desde Palacio de Gobierno la adjudicación del Gasoducto del Sur. Habría concertado junto a Ollanta Humala, y Jorge Simoes Barata, para favorecer la participación de la empresa Odebrecht”, se lee en el documento.

Perú21 se comunicó con los abogados de Humala y Heredia —Julio Espinoza y Wilfredo Pedraza, respectivamente— para conocer las reacciones de sus patrocinados ante esta información, pero evitaron dar declaraciones.

El ministro clave

En el informe preliminar, que todavía debe ser debatido en la comisión Salaverry para definir su versión final antes de pasar al Pleno, se hace una mención aparte al ex ministro Mayorga.

En el reporte, señala que el ex titular de Energía y Minas “mostró un interés especial en el control del Comité Pro Seguridad Energética (que le otorgó la concesión a Odebrecht)”.

En el documento se recuerda que antes de asumir el cargo público, en febrero de 2014, Mayorga era socio de la consultora Laub & Quijandría, que había asesorado en la primera etapa del Gasoducto del Sur a Kuntur, subsidiaria de la empresa brasileña que firmó contrato con el Estado para transportar el gas desde Camisea a las costas del Pacífico.

Según la comisión, el ex funcionario habría incurrido en el delito de negociación incompatible meses después de asumir el puesto de ministro de Energía, en mayo de 2014, cuando intempestivamente se cambió a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión.

Y es que, por propuesta de Mayorga, se nombró a Edgar Ramírez como presidente del mencionado comité, que finalmente le dio la buena pro al consorcio que lideraba Odebrecht (ver cuadro).

El problema con esta designación es que, como destapó Perú21 en ese año, Ramírez había realizado previamente (2006-2013) consultorías a la firma brasileña a través de su empresa Latin Energy.

Ello fue confirmado por el mismo ex funcionario cuando se presentó ante la comisión Lava Jato del Parlamento en febrero pasado, aunque negó que hubiese tenido un conflicto de intereses.

La línea de investigación que se sigue en la comisión es que hubo una decisión desde el más alto nivel para conceder la obra a una empresa que admitió haber pagado US$29 millones en sobornos a servidores peruanos entre los años 2005 y 2014.

Tenga en cuenta

• En su informe preliminar, la comisión Salaverry también señala que el directorio de Proinversión que aprobó la concesión del Gasoducto incurrió en infracción constitucional.

• El directorio lo integraban los ex ministros Miguel Castilla (Economía), Carlos Paredes (Comunicaciones), Eleodoro Mayorga (Energía y Minas) y Milton von Hesse (Vivienda).

• A Jorge Barata se le implica en delito de colusión.