La Fiscalía Anticorrupción del Callao abrió investigación al gobernador de esa jurisdicción, Félix Moreno, luego de recibir la carpeta de control 098-2015 elaborada por la Contraloría, que advirtió de serias irregularidades que configurarían delitos para los funcionarios comprometidos en la construcción de la avenida Néstor Gambetta (8.5 km) en esa jurisdicción.
La Contraloría encuentra responsabilidad en 11 funcionarios del gobierno regional e incluyó a las empresas Andrade Gutierrez S.A., sucursal Perú, y la constructora Queiroz Galvao S.A., sucursal Perú, que integran el consorcio Nueva Gambetta, encargado de la mencionada obra.
De igual forma, la Contraloría involucró a las empresas JNR Consultores S.A. y R&Q Ingeniería S.A., sucursal Perú, que tuvieron a su cargo la supervisión de la infraestructura.
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El informe de control, al cual accedió Perú21, contiene cinco observaciones que establecen responsabilidades en funcionarios del gobierno regional, de la contratista y de las empresas supervisoras. El caso viene siendo analizado por el fiscal Anticorrupción del Callao, Hugo Hermosa.
HECHOS EVIDENTES
Entre las principales observaciones, la Contraloría indica que el expediente técnico estuvo incompleto y contenía deficiencias, situación que fue advertida al gobierno regional pero no cobró las penalidades al contratista por el monto de S/.1 millón. Sin embargo, la región sí pagó S/. 4.8 millones por trabajos deficientes realizados por las firmas brasileñas a cargo de la obra.
En su informe, el ente contralor indicó que la región pagó S/.25 millones luego de reconocer a la firma contratista ampliaciones que no le correspondían –porque estaban consideradas dentro del contrato inicial– y que generaron mayores gastos.
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En las dos primeras observaciones, las responsabilidades penales recaen sobre gerentes, coordinadores y asesores de obra del gobierno regional.
La Contraloría agrega que la región “aprobó y pagó presupuestos adicionales de obra que no corresponden en la modalidad de contratación por concurso oferta, por cuanto devienen de deficiencias del expediente técnico”, perjudicando de esta manera al Estado con S/.20 millones.
También se aprecia en las observaciones que el gobierno regional pagó S/.11.6 millones como reajuste de precios por adicionales en la obra realizada en el acceso a la Base Naval del Callao.
Sin embargo, dicho organismo advierte que la edificación era parte de las obligaciones contractuales suscritas. Asimismo, destaca que otro hecho comprobado radica en los adicionales de obra 4 y 6 que fueron aprobados con cantidades y precios unitarios mayores a los requeridos, incrementando los gastos en S/.2.3 millones.
Con relación al último hallazgo, la Contraloría advirtió el pago de S/.122,000 al contratista en perjuicio del Estado por pagos de adicionales de la obra 4. Por estas tres últimas observaciones, la Contraloría fijó responsabilidad en el gobernador regional Félix Moreno y en sus gerentes.
RESPONDE CONTRATISTA
Perú21 se comunicó con el consorcio Nueva Gambetta, a cargo de las obras, al que envió un pliego de preguntas sobre las observaciones de la Contraloría.
“La construcción de la Av. Néstor Gambetta ha sido realizada en estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra y la normativa de contrataciones, por lo que rechazamos las afirmaciones contenidas en el documento de la Contraloría”, respondieron.
Precisaron que en cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, esta no ha formulado imputación alguna contra el consorcio.
“Solo nos han pedido entregar información sobre la obra, solicitud que ha sido cumplida oportunamente. Negamos la existencia de algún acto doloso en la ejecución del contrato”, añadieron.
Con relación al pago de adicionales considerados ilegales, respondieron: “Este asunto es materia de un arbitraje que está en curso”. Respecto del laudo arbitral, afirmaron: “El proceso arbitral sigue en curso y el laudo que resulte del mismo debe ser acatado de manera obligatoria por las partes”.
Por Carlos Neyra
(carlos.neyra@peru21.com)
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