La semana pasada fuimos testigos de la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El citado funcionario tuvo que sustentar, ante el Pleno del Congreso de la República, la viabilidad de la suscripción de la adenda al contrato de Chinchero.
Como era lógico, el ministro ppkausa argumentó que la suscripción de la adenda era necesaria, toda vez que ello permitió corregir las lesivas condiciones financieras que se pactaron el año 2014 durante el gobierno de los Humala Heredia. Por su parte, la oposición parlamentaria refutó lo anterior señalando que la adenda no solucionó el problema del contrato suscrito con Kuntur Wasi, sino que lo agravó.
Al término del proceso interpelatorio, distintas bancadas señalaron no haber quedado satisfechas con las explicaciones del interpelado, empero, precisaron que antes de decidir “la suerte” de este, revisarán las conclusiones del informe de control que presentará la Contraloría General de la República sobre la adenda en cuestión. Por su parte, el premier Zavala ha declarado que espera que el resultado del citado informe sea favorable para seguir adelante con el proyecto Chinchero (y con su ministro).
Supongamos que la Contraloría General de la República determina que la adenda tiene vicios graves. ¿Esto sería mérito suficiente como para censurar al ministro Vizcarra? No necesariamente, pues los informes de control no tienen efectos vinculantes según la Ley N° 27785.
Por otra parte, ¿cancelarán el proyecto Chinchero en función a lo que informe la Contraloría? Si el Gobierno decidiese hacerlo, implícitamente aceptarían que todo lo hecho por Vizcarra fue negligente y este se vería obligado a renunciar al cargo, pero además quedaría demostrado que el “equipo de lujo” solo fue un eslogan de campaña.
¿Qué pasará al final? Tic, tac, tic, tac…
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