La Defensoría del Pueblo solicitó de manera formal al fiscal superior, Frank Almanza, que revoque la decisión de archivar la investigación penal seguida contra miembros del Sodalicio por los delitos de violación sexual de menores.
El organismo señala que la decisión constituye “una grave vulneración al derecho a la verdad, en la medida que se priva a las víctimas y a la sociedad de conocer lo ocurrido en la organización religiosa”.
Agregó que haber archivado la denuncia es “una clara vulneración al deber estatal de impedir la impunidad, en la medida que los hechos denunciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos”
La Defensoría señaló que se debe tomar en cuenta que el Sodalicio reconoció que algunas agresiones sexuales se cometieron contra menores de edad. Por tanto, “el Estado tiene un rol garante sobre los derechos de los niños y niñas”.
En conclusión, el comunicado sostiene que “si el Estado no realiza el máximo esfuerzo por investigar y castigar a los actores de los execrables actos denunciados, se propiciaría su probable repetición y se desincentivaría a otras víctimas a denunciar sucesos similares”.
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