Defensoría del Pueblo advierte casos que requieren una intervención prioritaria [Infografía]

Más vale prevenir que lamentar, y este es un dicho que debe considerar el gobierno, ya que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hay casos y situaciones que merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades correspondientes, incluidos los gobiernos locales y regionales.

“La Defensoría del Pueblo considera que hay hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de un conflicto”, refiere el Reporte de Conflictos Sociales del mes de setiembre de esta institución.

Uno de los casos a los que hace referencia el informe es el de Las Bambas (Apurímac), en el cual, señala el estudio, las organizaciones sociales y las comunidades campesinas de la provincia de Cotabambas reclaman una falta de información con respecto a las modificaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto minero.

Cabe precisar que en su último semanario, ComexPerú refiere que el conflicto por esta obra significaría una paralización de alrededor de US$10,000 millones.

Loreto es otra región que requiere una prioridad en la atención. Según el reporte, en el distrito de Trompeteros hay comunidades que exigen a la empresa Pluspetrol, operadora del Lote 8, una compensación por el uso de las tierras e indemnización por impactos al ambiente.

En su estudio, la Defensoría también hace referencia al caso de Espinar (Cusco), en donde los pobladores solicitan al Estado y a la compañía Antapaccay S.A. el cumplimiento de los acuerdos asumidos en el año 2013. Cabe precisar que el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie) ya anunció que el 21 de noviembre iniciará un paro indefinido para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de estos compromisos.

Por su parte, el estudio indica que en Arequipa las autoridades de las provincias de Castilla y Caylloma rechazan que la empresa Laguna Azul construya la central hidroeléctrica de Mamacocha. Según indican estas personas, la construcción afectaría el circuito turístico del Valle de los Volcanes, y también al manantial natural.

Urgen comisiones

Para el congresista César Villanueva (APP), se requiere la intervención inmediata del Ejecutivo en la creación de comisiones que prevengan situaciones de conflicto que terminan en tragedias.

“Estos grupos de trabajo deberían operar inmediatamente y adelantarse a lo que pueda suceder. De esta forma, podrán determinar de qué manera se resuelve un posible problema”, afirma.

En ese sentido, el legislador cuestiona que el Ejecutivo “no siga una estrategia” que permita un mayor acercamiento con las comunidades.
“Los comuneros han perdido la confianza en los ministros. El gobierno de turno debe asumir que el Estado ha cometido errores”, indica.

Soluciones

Por otro lado, el analista de conflictos y promoción de diálogos, José Luis López, manifiesta que se requiere que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) articule a los ministerios con los gobiernos regionales y locales para que eviten que un conflicto de diferencia pase a ser uno de violencia.

“Los conflictos en sí no son problema, son una diferencia. Lo que hay que evitar es que deriven en violentos”, explica.

Afirma que se requiere crear el Sistema Nacional de Prevención de Conflictos, que fue una propuesta del presidente Pedro Pablo Kuczynski durante su campaña.

“Con esta propuesta, ministerios y gobiernos (central, regionales y locales) actúen de manera activa y proactiva en los territorios donde se pueden generar algunos conflictos”, resaltó.

Al respecto, sostuvo que no solo se trata de los casos relacionados con la minería, pues indicó que hay otros problemas que también pueden afectar a una zona.

Firmeza

A través del semanario de ComexPerú, la gerente general de este gremio, Jessica Luna, manifestó que se requieren buenas estrategias de comunicación e integración para garantizar que sean los mismos habitantes quienes apoyen los proyectos.

“La lucha contra la corrupción y el manejo de conflictos sociales son, sin duda, dos de los más importantes temas que preocupan a la ciudadanía, y que se arrastran sin solución desde años atrás”, indicó.

Datos:

• Según la Defensoría del Pueblo, hasta setiembre del presente año había 207 conflictos registrados en el país, de los cuales 146 son casos activos, es decir, el 70.5%.

• La institución también refiere que el 68.6% de los casos son competencia del Gobierno nacional, mientras que un 16.9% de los gobiernos regionales, y el resto está dividido entre gobiernos locales, Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos y el Poder Legislativo.

• Ayer, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad informó que el Ejecutivo cumplió con los compromisos asumidos con las comunidades del distrito de Urarinas, en la región Loreto. Estas comunidades han sido afectadas por derrames de petróleo en la Amazonía.

Por: Fabiana Sánches Di Natale (fabiana.sanchez@peru21.com)