Ivan Atilano
@ivan_gav
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que la lucha anticorrupción ejercida por el Estado, en el contexto de las presuntas coimas pagadas por empresas brasileñas a funcionarios públicos, ha sido insuficiente.
“El Estado no ha hecho nada efectivo en la lucha contra la corrupción. El Ejecutivo no tiene planes anticorrupción ni presupuesto para ello”, indicó Gutiérrez en conferencia de prensa.
El titular de la Defensoría del Pueblo presentó esta mañana una reporte del desarrollo de la corrupción en el Perú con la intención de poner la lucha contra este delito “como tema permanente en la agenda del país”. “El objetivo es generar conocimiento para saber a qué nos estamos enfrentando y crear políticas públicas eficientes para combatirlo”, agregó.
El reporte evidencia, por ejemplo, que actualmente existen 32,925 casos de corrupción en todo el país. Un caso particular es el del Poder Judicial que afronta 695 denuncias por corrupción, lo que para Gutiérrez es una cifra muy inferior a lo que se viven en realidad dentro de dicha institución. “Como no hay una política para construir información, no sabemos lo que pasa en el Poder Judicial o en el Ministerio Público”, indicó al respecto Walter Gutiérrez.
Cuestiona la mirada de la Fiscalía
El defensor del Pueblo también cuestiono la mirada de la Fiscalía en casos vinculados a los presuntos sobornos de las empresas brasileñas como Odebrecht a funcionarios del Estado.
“Parece que la Fiscalía nos habla de un delincuente o delincuentes y no de una organización criminal que desde el poder tiene la capacidad de materializar actos administrativos e inclusos leyes para actuar desde la administración pública y salir indemne. La mirada de la Fiscalía es parcial. Esto tiene riesgos, es una visión recortada que genera hipótesis incompletas, pues ve pequeños delitos y no todo el complejo delictivo”, expresó Walter Gutiérrez.
El defensor reforzó esta idea basándose en el caso del ex presidente Alejandro Toledo. “Genera dudas que el ex presidente Toledo haya sido acusado por tráfico de influencias que en el repertorio de delitos es el más leve. No hay cohecho o colusión y además no mira el problema como una organización de poder para perpetrar actos de corrupción. Además, trafico de influencias es mucho más dificil de probar como delito en los EE.UU.”, manifestó.
La idea de la Defensoría del Pueblo es que este reporte de la corrupción se actualice cada mes y siga la dinámica que tiene esta institución para detectar conflictos sociales.
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