Defensor del Pueblo: “A dos años de la Ley Universitaria evaluaremos si se ha avanzado”

Examinarán la Ley Universitaria, ¿hay mucha controversia?
Nos interesa saber sus resultados, son ya dos años de Ley Universitaria. De manera ostensible no se ve que las universidades hayan mejorado mucho. Hay que evaluar si la ley ha servido. Personalmente creo que debe darse una supervisión de las universidades y que exista una superintendencia…

¿Como la actual?
No necesariamente este modelo, pero no quiero adelantar una opinión. La evaluación de la Ley Universitaria hay que verla en los hechos. ¿Cuántas universidades se han acreditado con esta norma? Entiendo que seis o siete. Es poco para dos años y todas son privadas. San Marcos necesita 700 millones de soles para poder acreditarse…

¿Por qué?
Para acreditarte debes cumplir con determinados parámetros, mejorar infraestructura, tener laboratorios, calidad educativa, tecnología, etc. Pareciera que ninguna de las universidades estatales y privadas tiene esa capacidad. Está también el punto del otorgamiento de títulos. Pero todas las normas y acciones del Estado deben ser supervisadas por la Defensoría.

¿Los conflictos sociales se han incrementado?
Sí. El gobierno anterior le ha dejado poco margen al actual régimen porque no hizo su labor. En Las Bambas, la inversión más grande del país, se hizo modificaciones en el proyecto con el cambio del mineroducto por la carretera. Esto debe ser compaginado con los intereses de la población. El conflicto se entrampa porque no se hizo un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos realizados durante el gobierno anterior. Eso ha hecho que haya un acta tras otra en cada mesa de negociación. Una de las primeras tareas de este gobierno debió ser fortalecer la oficina de conflictos sociales. Se entra a un terreno peligroso cuando solo los ministros atienden los conflictos sociales. Históricamente estos han fagocitado, hecho caer, a ministros.

¿Se han desatendido los conflictos sociales?
En el último año del gobierno de Humala se abandonó esto. Y han recibido un margen muy pequeño.

¿La empresa Las Bambas tendrá que hacer la carretera?
Tendrá que mojarse. No se puede cambiar el estatus de una carretera en el último día del gobierno anterior. Tendrán que darse acuerdos con la comunidad.

¿En Saramurillo se llegará a un acuerdo? ¿Por qué el oleoducto se rompe tanto?
La Defensoría cree firmemente en el derecho a la protesta social, pero esta debe realizarse sin afectar otros derechos. Saramurillo tiene meses, la estrategia del anterior gobierno es que se agotara la protesta. El daño ambiental es enorme. Hay un deterioro fuerte en el oleoducto por falta de mantenimiento de la empresa.

¿Se dice que los nativos afectan el oleoducto?
No lo hemos comprobado, sí hemos escuchado eso. Nosotros somos veedores. Actuamos con la información que brinda la empresa y los comuneros, los apus. Ahí hay demandas pertinentes y otras que exceden a lo puntual. El gobierno inicia la próxima semana las conversaciones con los dirigentes de Saramurillo, esperemos llegar a un buen acuerdo. Se han dilatado las cosas, primero se quiso que fuera el presidente, luego el premier, luego viajó un negociador al que lo sacaron. Creemos que la Oficina de Conflictos debe tener rango ministerial para tener mayor legitimidad y capacidad de decisión. El primer vicepresidente fue a Las Bambas, lo hizo bien, capeó el conflicto, pero puso en segundo plano a la Oficina de Conflictos de la PCM. No tiene el peso que debería.

¿Los conflictos sociales van en aumento?
Nuestro último reporte es que hay más dificultades y más conflictos latentes que en cualquier momento podrían eclosionar. Aparte de Saramurillo, están Las Bambas y Chacña en Apurímac que pueden escalar y también el de la Universidad Villarreal.

La escabrosa salida de Nadine Heredia del país…
A la Defensoría no le corresponde este tema. Sí la reforma de la justicia en el Perú. Nada va a prosperar si esta no se hace. El presidente convocó a un Acuerdo por la Justicia, al lanzarlo el presidente debe interpretarse que será una política de Estado. Entonces va a liderar esto y no lo dejará en manos de la ministra de Justicia, que por supuesto está capacitada pero se requiere el liderazgo presidencial. Se ha creado un espacio de articulación entre el sistema de justicia. Pero no es suficiente. No puede ser que ante 108 feminicidios, haya pocos sentenciados.

Es difícil probar el odio…
Una de las recomendaciones de la Defensoría fue que se dé un pleno jurisdiccional para que el Poder Judicial dé pautas en estos casos. Todavía no se da. Aprovecho este espacio para reiterar el pedido.

¿En seguridad ciudadana qué harán?
Retomaremos la supervisión en las comisarías. Seguridad ciudadana es el tema más urgente en el país. Ahora, la mayoría de las quejas que recibimos son sobre la ONP. Asimismo, no queremos que se repita la tragedia de Utopía, no hemos aprendido nada…

¿Se reparten la responsabilidad la Municipalidad de Miraflores y la empresa de cines en el caso del incendio de Larcomar?
La Defensoría llama la atención por la lentitud en las sanciones. En Argentina, en el caso de la tragedia en la discoteca Cromañón, se llevó preso al alcalde de Buenos Aires a las 24 horas. En general, los alcaldes son responsables de la supervisión de estos establecimientos. Sobrepasan los 17 mil en el Perú.

¿Pueden las municipalidades asumir esa supervisión?
La otra responsabilidad es la de los empresarios. Están obligados a ser diligentes y cumplir con todas las reglas de seguridad. Que no se les haya solicitado aspersores, por ejemplo, no los exime de responsabilidad. Vamos a ser activos en este tema, solicitaremos al fiscal de la Nación sobre el avance de las investigaciones. Este suceso será un caso emblemático para nosotros.