En el marco de las indagaciones al congresista Víctor Grandez –expulsado de la bancada Fuerza Popular –, la Comisión de Ética Parlamentaria no descarta solicitar el testimonio de la madre del legislador, a quien él mismo ha sindicado como propietaria del hostal Toro Bravo, de Iquitos, donde se ejercía la prostitución de menores de edad.
En diálogo con Perú21, el presidente del grupo de trabajo, Humberto Lay, no descartó esa posibilidad. No obstante, precisó que la comisión no tiene “capacidad coercitiva”, por lo que no podría obligarse a la anciana de 80 años a dar su declaración.
“Tenemos algunas limitaciones. Pese a ello esperamos contar con la suficiente información. Para ello ya hemos solicitado informes a la Fiscalía en Loreto, a la Sunat, al programa periodístico que difundió el reportaje, así como a Registros Públicos, para determinar cuáles son las propiedades del congresista”, explicó.
CELERIDAD
El congresista Javier Velásquez Quesquén, por su parte, demandó al Ministerio Público celeridad en la investigación a Grandez para definir su inclusión en el proceso como imputado y tramitar ante el Poder Judicial el levantamiento de su inmunidad. “Hay muchos hechos que lo vinculan con este grave delito (trata de personas). Aquí tiene que actuarse rápidamente porque se está desprestigiando al Congreso”, agregó.
TENGA EN CUENTA
- Grandez ya había sido denunciado en enero de 2013 ante la Comisión de Ética por explotación a menores en el mismo hostal Toro Bravo.
- En esa ocasión, sin embargo, el caso fue archivado.
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