Los Sánchez Paredes fueron acusados por la Primera Fiscalía Superior de Lavado de Activos por el delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Se trata de Santos Orlando Sánchez Paredes, Segundo Manuel Sánchez Paredes, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Fidel Ernesto Sánchez Alayo y Jesús Belisario Esteves Ostolaza. Para todos ellos, la mencionada Fiscalía solicitó 28 años de pena privativa de libertad, y la suma de cien millones de soles como concepto de reparación civil.
Frank Almanza, fiscal superior especializado en lavado de activos refirió que los hechos se configuran como un caso de ‘narcopolítica’. En esta figura se toma en cuenta el Informe de la Comisión del Congreso sobre la influencia del tráfico de drogas en la política.
Tanto Fortunato como Santos Manuel Sánchez Paredes han tenido la condición de altas autoridades municipales de Mollebamba, en la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad. En tanto, Belisario Esteves tuvo la condición de exviceministro de Comercio durante el primer gobierno de Alan García.
El caso involucra tráfico de drogas y corrupción política, además de lavado de activos a través del análisis de las figuras: “personas expuestas políticamente”, y “lavado de activos en financiamiento político”.
En la resolución, otro punto importante de la acusación se basa en el pedido de disolución y decomiso de las siete personas jurídicas que han sido incorporadas al proceso penal, por vínculos con los cinco acusados y la utilización de su estructura para la comisión de operaciones de lavado de activos.
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