Fabiola Valle
@valmenfa
La vida de los testigos claves de los crímenes ocurridos en la base militar contrasubversiva de Madre Mía, en San Martín, parece estar en peligro. Jorge Ávila Rivera, hermano de la asesinada Natividad Ávila (hecho ocurrido en 1992), durante la gestión del capitán ‘Carlos’ –a quien ahora reconoce como el ex presidente Ollanta Humala – denunció que es blanco de amenazas de muerte.
Perú21 tuvo acceso al oficio policial del pasado 2 de mayo en el que se le informa a la subprefecta del distrito de José Crespo y Castillo, en Aucayacu, Huánuco, Irene Macedo, que desde el 30 de abril, por disposición del Comando Superior de la Policía, se dispuso el servicio policial de seguridad para Ávila, en razón de que el mencionado ciudadano “ha venido siendo víctima de amenazas, hostigamiento en su domicilio y vía telefónica por terceras personas debido a que es testigo del caso Madre Mía, en el cual involucran al ex presidente Humala”.
Por si fuera poco, para resguardar su integridad física, Ávila también solicitó garantías para su vida ante la Gobernación de Huánuco. Estas están dirigidas contra quienes resulten responsables. El pedido del también torturado Ávila –durante la lucha contra el terrorismo– fue concedido.
Atemorizados
El sábado 13 de mayo, este diario llegó hasta la casa de Jorge Ávila, en el distrito de Aucayacu, en Huánuco, y lo encontramos con su hija Adriana, quien explicó que vivían atemorizados por las declaraciones que su padre había dado a la prensa. Todo ello tras revelarse las transcripciones de los diálogos interceptados con orden judicial al ex mandatario, en la campaña de 2011.
“Vivimos con miedo porque pasan motos, viene gente desconocida a la casa a preguntar por mi papá. También hemos recibido llamadas telefónicas de números desconocidos. No dejo que mi papá conteste los teléfonos para evitar problemas. Él está muy asustado”, alertó Adriana.
Ese mismo día, Jorge Ávila también comentó que, a pesar de que ya contaba con un personal de seguridad, sentía que no era suficiente porque sus hijos estaban desamparados. Incluso, dijo que le gustaría irse a vivir a Lima temporalmente hasta que se solucione su caso. “Acá yo vivo en el monte y si algo pasa, nadie, ni siquiera, se enteraría. Temo por mi vida y por la de mi familia”, refirió.
El subprefecto provincial de Leoncio Prado, en Huánuco, Freddy Soria, explicó que es importante que se hayan otorgado garantías para Ávila para que las autoridades estén alertas en caso de que atentaran contra él. “Todas las personas tienen derecho a solicitar su protección porque, en caso de emergencia, hay un antecedente de por medio”, explicó.
El capitán ‘Carlos’
Ávila Rivera sindica a Humala de haber ordenado la muerte de su hermana Natividad Ávila Rivera y de su cuñado Beningo Sullca Castro, en 1992. En el año 2006, la Fiscalía abrió un proceso penal al entonces candidato Humala por supuestas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, Ávila repentinamente cambió su versión y evitó que el ex jefe de Estado sea procesado.
Años después, Ávila reconoció que en la primera campaña del Partido Nacionalista recibió un soborno de US$4,500, en partes, a través del suboficial EP Amílcar Gómez Amasifuén, colaborador de Humala, y de su cuñado Robinson Reátegui, a cambio de su silencio. Recordó que le pedían que se retractara y no culpara a Humala. Para la campaña de 2011, Ávila recuerda su pacto con el entorno de Humala. Consistía no solo en la entrega de US$4,500, sino también en otros beneficios, pero todo quedó en palabras.
En la entrevista publicada por este diario el 13 de mayo, el hermano de la fallecida Natividad dijo que ahora se “arrepiente” de haber cambiado su testimonio para salvar a Humala, porque ella (Natividad) era como una madre para él, debido a que su progenitora había fallecido cuando él estaba pequeño. “Por eso, ratifico y aseguro que el capitán ‘Carlos’ mandó matar a mi hermana y a mi cuñado”, acotó.
La situación para Teresa Ávila también es similar a la de Jorge. En declaraciones a Perú21, su hija Delia explicó que había rumores de que querían arremeter contra su madre debido a que también sindicó al ex mandatario de haber desaparecido a sus parientes. “Estamos evaluando otras medidas de seguridad. Ahora mi madre cuenta con un resguardo policial”, señaló.
DATOS
- La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos, a cargo de Edith Chamorro, indagará a los que resulten responsables de las torturas, desapariciones y presuntos asesinatos en la zona de Madre Mía, ocurridos en la década de 1990.
- Ollanta Humala fue investigado por los presuntos delitos de desaparición forzada y asesinato en la base Madre Mía en 1992. El caso se archivó en el año 2009.
- Perú21 intentó comunicarse con el abogado de Humala, Julio César Espinoza, pero no respondió.
Grupo Madre Mía al Pleno
Ayer en el Congreso la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad exonerar del trámite de comisión las mociones de Fuerza Popular y del Frente Amplio para que se forme una comisión que investigue los crímenes ocurridos en la base Madre Mía bajo la conducción de Ollanta Humala.
Estos pedidos incluyen investigar la labor del Poder Judicial y del Ministerio Público debido al ocultamiento de los audios que incriminaban al ex jefe de Estado.
También se busca indagar respecto al pago de sobornos a testigos vinculados a violaciones de derechos humanos, lo cual derivó en el archivamiento del caso Madre Mía en 2009.
De esta manera, el pedido para crear una comisión Madre Mía quedará en manos de la Mesa Directiva, que decidirá en qué momento se debate directamente en el Pleno.
“Queda a discrecionalidad de la Mesa Directiva. Yo preferiría que el tema se vea esta semana para que podamos formar la comisión y avanzar en las investigaciones. Intentaremos que se pueda ver el miércoles (hoy) o el jueves a primera hora”, declaró a Perú21 el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta.
Por su parte, el vocero de la Cédula Parlamentaria Aprista, Javier Velásquez Quesquén, resaltó que lo importante es la unanimidad alcanzada para allanar el camino de este grupo.
Cabe precisar que el plazo solicitado para las labores de este grupo investigador será de 120 días.
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— Diario Perú21 (@peru21noticias) 16 de mayo de 2017
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