Caso Ecoteva: La Fiscalía pidió embargar bienes del ex presidente Alejandro Toledo

Ante la gravedad de las evidencias, la fiscal especializada Rosana Villar, en su reciente formalización de la denuncia sobre el denominado caso Ecoteva, pidió al titular del 16 Juzgado Penal que disponga el embargo de los bienes del ex presidente Alejandro Toledo, de su esposa Eliane Karp, así como de su suegra, Eva Fernenbug, y de otros cinco denunciados por el delito de lavado de activos, relacionados con las compras de inmuebles y pago de hipotecas por más de US$5 millones.

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“Este despacho fiscal solicita ordenar el embargo preventivo sobre los bienes de los denunciados (…), con la finalidad de asegurarse el respectivo pago de la reparación civil, que podría generarse ante una eventual sentencia condenatoria sobre los imputados”, se lee en la denuncia N° 3-2015-Fislaapd, difundida por el programa Al estilo Juliana, y a la cual accedió Perú21.

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Los otros acusados a los que se les impondría esta medida son Josef Maiman, empresario y amigo de Toledo; Avraham Dan On, ex asesor de seguridad del ex mandatario, y su hijo Shai Dan On; Sabih Saylan, del entorno de Maiman; y David Eskenazi, ex apoderado de Fernenbug.

TRAS LA PISTA SUIZA
La magistrada de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos también solicitó, en el documento de 204 páginas, el levantamiento del secreto bancario en Suiza de la empresa panameña Confiado International, debido a que desde su cuenta bancaria en ese país se enviaron las millonarias sumas a cuentas de compañías en Costa Rica, como Ecoteva, para la compra al contado de predios en Lima, durante el 2012.

Como se recuerda, en el mismo año se pagó parte de las hipotecas de las dos viviendas (en Lima y en el balneario de Punta Sal, en Tumbes) de Alejandro Toledo y Eliane Karp, con fondos de esa firma costarricense.

El pedido de la fiscal precisa que requiere información bancaria de Confiado International “del periodo comprendido entre los años 2003 y 2013”, es decir el periodo que abarca el gobierno de Toledo.

“De hallarse cuentas a nombre de empresas, deberá detallarse quiénes fueron sus aperturantes, los titulares de las mismas, la identidad de todos los que hubieran hecho depósitos a estas cuentas, y quién estaba autorizado o tenía el poder para disponer de los fondos”, se anota.

En tal sentido, la magistrada planteó solicitar la asistencia judicial internacional de las autoridades suizas, pues a través de la referida cuenta N° H189782AA –de la firma panameña–, en el LGT Bank de Suiza, “habrían ingresado dinero de los presuntos actos de corrupción señalados como delito fuente”.

RESTRICCIONES
Asimismo, la fiscal Rosana Villar pidió al juez Abel Concha que ordene algunas medidas para evitar una posible fuga u otras posibles acciones que obstaculicen el proceso de investigación por parte de los denunciados.

“Este despacho fiscal solicita se dicte comparecencia con restricciones para Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman, Eva Fernenbug, Avraham Dan On, Shai Dan On, Sabih Saylan y David Eskenazi”, se apunta en el dictamen.

Las medidas que se aplicarían son principalmente: “no ausentarse del país sin previa comunicación y autorización judicial, y concurrir mensualmente al juzgado, a efectos de comunicar sobre sus actividades”.

Pero eso no es todo, siete de los 8 presuntos implicados en el caso de lavado de activos también deberían pagar una caución (garantía) económica de S/.70 mil para seguir gozando de la comparecencia, si el titular del 16 Juzgado Penal accede al petitorio de Villar.

Para Eskenazi se propuso que abonara S/.30 mil. “Los denunciados cuentan con capacidad económica para ausentarse del país en cualquier momento, y con ello rehuir a la actividad persecutora del Estado Peruano”, se justifica.

El juez Abel Concha, quien recibió la documentación fiscal el lunes, tiene 30 días útiles para resolver si abre o no un proceso judicial.

DELITOS PRECEDENTES
En otra parte relevante de su dictamen, la fiscal Rosana Villar identificó ocho presuntos casos de corrupción como los posibles “delitos fuente” de los cuales habrían procedido los más de US$5 millones utilizados en la adquisición de inmuebles y pago de hipotecas relacionados con Alejandro Toledo y su entorno.

Se trata de los siguientes casos: el presunto pago de sobornos de parte de la constructora Camargo Correa por la carretera Interoceánica Sur; la transferencia de dinero de Odebrecht a la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, fundada por el ex mandatario –revelada por Perú21–; del supuesto enriquecimiento ilícito de Toledo; y colusión desleal de parte de Avraham Dan On, ex jefe de seguridad del ex presidente;
En esa relación también están la sentencia condenatoria contra Pedro Toledo, hermano del ex gobernante, por estar vinculado con la compañía Representaciones Hemisféricas; las adquisiciones de las acciones de Backus por parte de la empresa Bavaria (caso Almey-da); la compra fallida de Panamericana Televisión; y el presunto pago de coimas en las negociaciones secretas en la adquisición de repuestos para aviones MiG-29.

En su argumentación, la representante del Ministerio Público sostiene: “para concretar las operaciones de ingresos de fondos, habrían participado todos los denunciados en condición de coautores”.

Se añade que, con ese fin, “actuaron constituyendo empresas off shore en países denominados ‘paraísos fiscales’”.

La fiscal resalta que “el denominador común evidencia que el destinatario y beneficiario final –de las compras– es Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp”.

Este diario buscó la versión del abogado de Alejandro Toledo, Luciano López, pero no respondió a las llamadas ni al mensaje de texto que se le dejó en su celular.

‘HAY SUSTENTO PARA UN JUICIO’
Luego de revisar el pronunciamiento de la fiscal Rosana Villar, el abogado Julio Rodríguez considera que existen suficientes elementos de convicción para que se inicie un proceso judicial sobre el llamado caso Ecoteva, que implica al ex mandatario Alejandro Toledo y a parte de su entorno familiar y amical.

¿Cuál es su análisis de la denuncia presentada por la magistrada Villar sobre el caso de las operaciones inmobiliarias de la suegra de Alejandro Toledo?
La fiscal subsanó todas las omisiones de la anterior denuncia. Ha entrado a un nivel bastante exhaustivo de detalle para cuestionar aquellas vinculaciones que en su momento no estuvieron muy bien sustentadas con respecto al delito fuente, es decir el delito originario. Y acá sí se habla de aquellos delitos que habrían sido los generadores de dineros ilegales. Menciona el caso de la Interoceánica Sur, en el que aparece la firma brasileña Camargo Correa a través de esta famosa lista de personas que habrían recibido dinero (coimas). El tema de Odebrecht por la Interoceánica Sur, que habría dado algún dinero a esta ONG (de Toledo). Se hace un detalle del famoso caso de Almeyda, el caso de colusión desleal del señor Dan On. Es decir, establece lo que anteriormente no se había hecho, que es vincular todos estos casos como delitos previos o precedentes para el posterior lavado de activos.

¿Estos casos, presentados como posibles delitos fuente, son solo enunciados o hay indicios de una vinculación real?
Hacen una conexión real porque el delito lo único que exige es que exista un delito precedente. No tiene que estar probado ni acreditado. Pero respecto de todos estos casos hay investigaciones en trámite, con lo cual está plenamente fundamentada la idea de un delito previo. Y después entra también a analizar las implicancias de las operaciones financieras, la constitución de las empresas ‘offshore’, el cambio de la titularidad en la empresa, cómo es que se hacen las transferencias, cómo vienen de ‘paraísos fiscales’, es decir, hay un nivel de trabajo muy detallado que, entiendo, no es muy común, pero que sustenta de manera nítida, por lo menos la suficiencia, para que esto sea llevado a juicio. Acá no estamos todavía en una etapa en la que se decide si una persona es culpable o no. Simplemente con estos elementos se establece la suficiencia para que esto sea enjuiciado.

Alejandro Toledo ha planteado la posibilidad de interponer un hábeas corpus. ¿Cabe ese recurso en esta etapa del proceso?
Creo que no. Los hábeas corpus están ligados al riesgo que existe para una persona respecto de su libertad, en la medida en que se hayan realizado procedimientos irregulares o ilícitos. No veo eso en esta investigación fiscal, donde, además, se les ha dado el tiempo a los imputados para que se defiendan, no se les ha hecho ningún tipo de restricción de ofrecimiento y de actuación de elementos de prueba y, por lo tanto, no podría decirse que se les haya restringido sus derechos fundamentales, por ende, no es amparable un cuestionamiento de la denuncia vía una acción constitucional.

SABÍAS QUE…

• En su dictamen, la fiscal mencionó a las personas jurídicas sobre las cuales recae también la denuncia: la primera es Ecoteva Consulting Group. S.A., con sede en Costa Rica, representada por Sabih Saylan, otro de los personajes denunciados.

• Ecostate Consulting S.A., con sede en Costa Rica, también fue comprendida. Es representada por Saylan.

• La tercera persona jurídica incluida en la denuncia es Ashdan E.I.R.L., que fijó domicilio legal en Miraflores, Lima, y es representada por Avraham Dan On, ex asesor de seguridad de Alejandro Toledo.

• Estas personas jurídicas, dice el dictamen, habrían servido para realizar, favorecer y encubrir actos de lavado de activos, en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento en agravio del Estado peruano.

Por: Óscar Libón (olibon@peru21.com)

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