La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción investiga las irregularidades detectadas por la Contraloría General en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), como parte de las pesquisas del caso Antalsis, en el cual presuntamente está implicado Martín Belaunde Lossio, ex asesor de la campaña electoral del presidente Ollanta Humala.
Según documentación oficial, a la que tuvo acceso Perú21, una auditoría efectuada por la Contraloría a la obra Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elías Aguirre, en Chiclayo, Lambayeque, halló supuestos actos indebidos en la adjudicación del contrato estatal por S/.88’834,000.
Cabe anotar que esa acción de control comprendió el periodo del 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, es decir, durante el gobierno de Humala.
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La Contraloría detectó que el IPD otorgó la buena pro a Consorcio Chiclayo –del cual formó parte la empresa Antalsis S.L.– sin que esta asociación empresarial haya cumplido “con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases, y a pesar de que presentó documentación cuestionada”.
Se añade que el consorcio fue postor único y que, en su propuesta técnica, consignó los nombres de 16 profesionales como parte de su equipo de especialistas, y se pretendió sustentar la experiencia del ingeniero civil especialista en mecánica de suelos con documentos que no correspondían al registro del Colegio de Ingenieros.
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La acción de control estableció que el Comité del IPD no informó al respecto al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que iniciara su labor fiscalizadora.
MANOS EN LA MASA
Eso no es todo. La Contraloría, al indagar sobre el ingeniero presentado como experto por el Consorcio Chiclayo con documentación falsa, encontró “al hijo del profesional, quien expresó que su padre tiene 85 años y que padece de la secuela de un accidente cerebrovascular desde el 2011”.
También dijo que desconocía la firma y sello en los papeles consignados en el proceso de selección de la obra y, asimismo, negó la validez de las constancias de trabajo y otros documentos obrantes en la propuesta técnica del consorcio, integrado por la firma Antalsis S.L.
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El referido ingeniero civil “se retiró de su profesión hace más de 20 años, hecho que fue corroborado por documentos proporcionados por Essalud”.
La auditoría concluyó que el IPD debió descalificar a la mencionada asociación empresarial y que esta contravino la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
MÁS INCUMPLIMIENTOS
Además, la Fiscalía indaga la manera en que el consorcio logró firmar el contrato estatal, adjudicado en mayo de 2013, a pesar de que anteriormente ya había participado en un proceso similar para la misma obra y no cumplió con entregar a tiempo la documentación requerida. Eso originó que se anule ese primer proceso.
“El consorcio no suscribió el contrato dentro del plazo legal debido a que no cumplió con presentar la constancia de no estar impedido de contratar con el Estado dentro del séptimo día útil posterior al otorgamiento de la buena pro”, se señala en el reporte de la Contraloría de agosto.
El ente de control resaltó que el Consorcio Chiclayo recibió un adelanto de S/.487,996 a pesar de haber entregado información cuestionada. Incluso trató de subir el monto del contrato a S/.117’000,000.
TENGA EN CUENTA
- En el Ministerio Público se investiga la aparente intervención de Martín Belaunde Lossio para favorecer a la empresa Antalsis con contratos estatales.
- En esta pesquisa está incluido Juan Carlos Rivera Ydrogo, quien apoyó a la campaña nacionalista.
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