El presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo revela que la situación en el llamado corredor sur es de gran convulsión social. La mina de plata Pallancata cerró por la extorsión. Está en desacuerdo con que ministros vayan a las zonas en conflicto.
¿Cuál es la perspectiva de la inversión minera para el 2017?
La inversión minera está bajando. El pico fue el 2013, US$10,000 millones. En el 2014 pasó a US$8,500 millones. El 2015, bajó a US$8,000 millones. Ojalá que lleguemos a US$4,000 millones en el 2016. Es probable que el 2017 sea US$2,000 millones. Es una tendencia preocupante.
¿Una franca caída se explica por la caída del precio de los minerales?
No, no. Hay una caída del precio de los metales, pero una cosa es tener un buen precio y otra un súper precio; US$3.50 la libra de cobre es un súper precio. Yo he conocido la libra a US$0.65 la libra. El primer módulo de Cerro Verde se construyó a US$1.10. Tener ahora US$2.40 por libra es un buen precio. No es magnífico, súper, pero la industria es competitiva a esos precios.
¿Cuál es la razón, entonces, de tan abrupta caída?
La razón más importante es de índole social. En el lugar donde quieras desarrollar un proyecto, aparece un conflicto. En Bolivia se mató a una autoridad, capturaron al delincuente y lo metieron preso. Le aplican la ley. En Ecuador, ante una protesta antiminera, declaran el estado de emergencia y hay acusación fiscal. Se les explica, pero el Estado hace uso del imperio de la ley. En Perú, no ocurre eso. Cada vez que hay una protesta, se pide que vaya un ministro. ¡En Chumbivilcas han pedido que se presenten siete ministros! Y el primer punto del acuerdo es que no haya denuncias fiscales a los autores del delito cometido. Como no hay acción legal, cada vez es peor. No es una reacción antiminera, lo mismo ocurre en el corredor del sur, como en la selva o en Huaycán con un psicosocial. Comprenderá que detrás de todo esto hay alguien que está buscando el conflicto social.
A usted lo critican por adjudicar el conflicto a agitadores políticos y no contemplar el malestar de la población.
Me critican por muchas cosas. En mi percepción, no solo se trata de una cuestión de índole ambiental o social. Hay un tema económico crematístico clarísimo. Se ve bien en Las Bambas. Hay un par de hermanitos, los Chávez Sotelo, que están levantando a la población para pedir 155 millones de dólares, exigiendo que el 40% es “su honorario de éxito” como abogados.
Es una extorsión. ¿Cómo operan?
Generan expectativas en la población y estructuran todo el movimiento para exigir esa cantidad a la empresa. Cuando hicieron las primeras cuatro zanjas a la carretera de Las Bambas, pidieron US$6 millones de adelanto, más 5,000 soles por cada camión que pasara. Como no fue aceptado, ahora piden US$155 millones al contado…
¿A quién se lo piden?
A la compañía. El 40% es para los hermanos Chávez Sotelo y el resto para las cuatro comunidades. A cada quien le dan lo suyo. Está documentado, el dinero lo piden en un acta escrita y firmada por ellos. No son abogados de las comunidades, han ido allá a buscar una “oportunidad de negocios”.
¿Los hermanos Chávez Sotelo tienen ideología política?
No, ellos mismos son. Son “gestores de negocio”. El tema es puramente crematístico. El acta está firmada por las comunidades, le ponen 50 sellos y piden una compensación de 150 millones. Ahora no hay cuatro zanjas, sino siete. Las Bambas sigue ahora una ruta alterna.
¿No es una solución?
Todo esto entorpece el trabajo de la empresa, están produciendo a menores volúmenes. Se quedó sin suministro. Es un malestar que genera sobrecostos, retrasos. Hubo gente confinada sin poder ir a sus casas.
¿Qué futuro les ve a Las Bambas? En marzo se debe presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. Así lo dijo Martín Vizcarra en la mina.
Como dice el amigo De Echave, no es un conflicto de oposición a la actividad minera, sino de convivencia…
¿Qué significa?
Cuánto más te saco… Estamos conviviendo, pero ahora trabajas para mí.
Vizcarra pidió a la empresa de Las Bambas que ponga 800 millones de soles. Esta ha cuestionado…
La empresa no puede poner dinero así nomás. Vizcarra colocó una pancarta en el diálogo que decía: “El gobierno pedirá a la minera MG Las Bambas que realice la modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) con un plazo máximo, marzo 2017”.
¿Cumplirá la empresa?
No lo sé. Cada cinco años se actualiza el EIA, a Las Bambas le toca en julio u octubre del 2017. Lo lógico es que se entregue en el momento correspondiente, de acuerdo a ley. Se actualiza incorporando al EIA todo lo que se ha realizado con los instrumentos técnicos (ITS). No lo hace para la fecha que se le ocurre a alguien. ¿A qué viene ese pedido? No entiendo. Es voluntarismo. Quiso demostrar autoridad. Yo soy quien decide qué se va a hacer. Pero no corresponde al marco legal. Hay leyes. Las Bambas nos ha expresado su malestar: esto que le hacen a Pedro mañana se lo hacen a Juan.
¿El Ministerio de Energía y Minas aprobó esos ITS?
Pero claro. El pedido del vicepresidente no es legal. Es una “pechada”, palabra de moda (ríe).
La carretera bota polvo, perjudica a la comunidad, se reemplazó por el mineroducto…
Cuando la empresa planteó el mineroducto, la comunidad pedía la carretera. Los argumentos eran que no tendrían ninguna vía de comunicación y que se llevaban el agua de esa comunidad a la otra. Para aprobar el EIA con mineroducto, se tuvo que compensar a las comunidades.
La empresa lo cambió por su beneficio…
Puede ser por beneficio del Espíritu Santo. Eso no le importa a nadie. El piteo por la carretera viene porque quienes iban a recibir compensación por el área por donde pasaría el tubo dejaron de vender su terreno. Así de simple.
¿Y el polvo?
Ese es un pretexto subsidiario. Hay 50 camiones que riegan permanentemente. En la zona no tienes sembríos ni casas. Tome una foto. Además, se va a asfaltar, pero las cosas se hacen de a pocos.
La población sostiene que son sus terrenos…
Entonces, ya me está hablando de otra cosa, ya no es el polvo. ¿A qué precio te pago el terreno? En la sierra se pide US$50 mil por hectárea. La carretera no se hace sin permiso del Estado, fue ampliada y se pagó, hay que pavimentar. El gobierno pide una revisión del EIA porque dice que las modificaciones se hicieron con ITS (usado para cambios que no afectan la esencia del proyecto) y estos son instrumentos de menor nivel que un EIA. El gobierno está desconociendo la reglamentación del anterior régimen. Cambia las reglas de juego. La compañía no actúa frente a un Estado, sino a un funcionario de gobierno…
¿Es una interpretación del vicepresidente?
Una interpretación auténtica.
¿Las Bambas darán 800 millones de soles, como pidió Vizcarra?
La empresa ha dicho que tienen comprometidos 250 millones por año, así ha estado actuando. No sé qué pasará, habría que preguntarle al señor Vizcarra.
¿Se precipitó?
Para hacer un acuerdo con la compañía, primero se tiene que hablar con esta. Hasta donde sé, no existe un acuerdo. La compañía tiene que consultar a sus accionistas, lógicamente. Está listada en dos bolsas. En Perú no hay ningún funcionario que pueda firmar un acuerdo así. Se actúa como si no se conociera cómo funcionan las empresas.
¿Las Bambas podría parar?
Es posible. Económicamente sería perjudicial para el país. Se está confundiendo el interés colectivo, nacional, con el individual. Recuerde que son US$10,000 millones de inversión. La caída de precios ya es un impacto. Si la paralizan, peor aún. Hay mayor dificultad con las obligaciones financieras.
¿Los hermanos Chávez Sotelo pueden paralizar Las Bambas?
Si los dejamos, sí.
¿El gobierno comprende lo que ocurre?
Se requiere acción más que comprensión. No veo una actitud en ese sentido. Los conflictos están parando el corredor del sur, la selva, ahuyentando inversiones con Huaycán. No es solo Las Bambas.
¿No hay autoridad?
¿Cuántos operadores políticos hay en Las Bambas? No hay gente en el campo. La empresa enfrenta el tema social en reemplazo del Estado. Cierto que le hicieron una celada al gobierno desde el primer día. No hablo de autoritarismo, sí de cumplimiento de la ley.
¿Las Bambas es una bomba tiempo?
Es un tema de convivencia, cuánto más le sacas a la empresa… No la van a echar porque pierden también.
¿Para la SNMP, es adecuado que los ministros vayan a resolver los conflictos sociales?
No. Las organizaciones sociales de Chumbivilcas, Cusco, están pidiendo la presencia de siete ministros (Salud, Educación, Agricultura, Transportes, etc.), no les satisfizo la visita del viceministro de Energía. No es una población minera, está en el corredor del sur. Si no, vean el acta que dice que “los dirigentes de la sociedad civil promoverán protestas en Chumbivilcas”. La plataforma de lucha tiene 12 puntos. Entre ellos, “revisión de la evaluación y modificación del EIA de las empresas Las Bambas, Hudbay, Anabi y Ares”. También la firma de un convenio marco con estas empresas y la provincia de Chumbivilcas…
¿Convenio marco?
Es para pedir un porcentaje de las utilidades. Piden también el asfaltado de varias carreteras. Además de los ministros, exigen la presencia de los gerentes de las mineras mencionadas. Exigen el cumplimiento de los compromisos con las mesas de diálogo y, ojo, el retiro de las denuncias a dirigentes y autoridades. Intervención a la minería informal…
¿Qué significa?
Quieren que entre la minería informal, no es un tema ambiental. Además, piden un bono minero para el magisterio, modificación del seguro agrario, el hospital de Santo Tomas. Está firmado y sellado por el Sutep, el Frente Único de los Intereses de Chumbivilcas, el Frente Único de los Intereses del distrito de Ccapacmarca, la Liga Agraria de Chumbivilcas, la Asociación de Abogados, la Central de Rondas Campesinas.
Lluvia de pedidos, pero, ¿qué tiene que ver el Cusco con Las Bambas?
Se trata del corredor sur, ellos exigen que la población sea la beneficiaria. No importa el tema territorial. Ahí hay un movimiento…
¿Los hermanos Chávez Sotelo?
Esto es diferente. Ahí hay activistas políticos de gente de izquierda.
La mina Pallancata, Ayacucho, de la empresa Hochschild, ha cerrado porque la población pedía US$100 millones…
Se ubica en el corredor sur y está entre las 10 mayores minas de plata en el mundo. La han tenido paralizada durante un mes con bloqueo de vías, etc. Es gravísimo que una mina cierre por la extorsión. Eso no ocurre ni en Ecuador ni en Bolivia. Le resulta más económico cerrar que pagar la extorsión.
¿El gobierno, el Ministerio de Energía, no informa a los otros ministerios?
Entre los mandamientos que elaboró el presidente para sus ministros está el de no meterse en otros ministerios. Se informó al Ministerio del Interior y a las entidades que corresponde…
¿No ha habido respuesta?
Como no la hay en muchas otras cosas. En el corredor sur están Las Bambas, Antapaccay, Anabi, Pallancata, Constanza, ya se metieron al tajo, la población estuvo ahí varios días…
¿Funciona la Oficina de Conflictos Sociales de la PCM?
Nos gustaría que haya un equipo que vea esto. Al gobierno no le han dejado tiempo. Entró y comenzaron los conflictos. Envían ministros a tratar de apagar un incendio. ¡Al ministro de Agricultura y al contralor los secuestraron!
¿Han manifestado esta preocupación a la PCM?
Sí, dijeron que están tratando de minimizar los daños y que no se puede más. El argumento de los gobiernos es que no se puede entrar a sangre y fuego. Es una posición binaria: sangre o no pasa nada.
¿El presidente declaró que iría a sentarse a la plaza de Cocachacra para conversar con los pobladores de El Tambo?
Espero que lo haga.
Pero usted no considera adecuado que vayan los ministros…
Porque van en medio de la protesta a apagar un incendio. Otra cosa es conversar en frío y conocer cuáles son las preocupaciones, inquietudes, los mitos que hay que romper y ver cómo se resuelve el problema.
¿Qué ocurre si no los convence?
Es parte de un proceso. Un líder tiene la obligación de visitar a su pueblo, dialogar.
Pero el ministro de la Producción solucionó el conflicto de Saramurillo…
Meritorio, pero después de 120 días de conflicto, sin tener mayor elemento de presión, llegaron a un punto de agotamiento perdiendo elementos de negociación.
El gobierno planteó durante la campaña electoral el “adelanto social”. ¿Se cumple?
Eso es precisamente lo que se suponía que Vizcarra plantearía en Las Bambas. Qué recursos del Estado se invertirían en la región con lo que este recauda de las actividades de las empresas… No al revés, como ocurrió. Su posición fue efectista. No se conoce bien lo que se suscribió anteriormente, ni de la ejecución, de los plazos, de los montos de los convenios suscritos.
¿Estamos frente a un gobierno débil?
Todavía no encuentra la manera de operar, de manejarse. Tiene que articular lo que no se logró con el voto. Llegó al gobierno con el voto antifujimorista. Antes de asumir el mando, se debió buscar la conciliación en la medida de lo posible. No estoy diciendo que vayan a cogobernar. Pero se puede establecer un marco para actuar coordinadamente en beneficio de la prosperidad del Perú. Tiene que convocarse a las fuerzas que se necesitan mutuamente, el Congreso y el Ejecutivo. Son seis meses de enfrentamiento absurdo. Hay que mirar al futuro, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal por mirar atrás.
¿El régimen está más cerca del antifujimorismo que del fujimorismo?
No, pero con 17 congresistas y sin operadores políticos, no puedes hacer mucho. Por eso, debe convocar a quienes puedan sumarse a un objetivo superior, el desarrollo del país. Y dejar el antifujimorismo, no conduce a nada. Si Fujimori no hubiera hecho las reformas y derrotado al terrorismo, no estaríamos acá.
¿El hecho de que Pallancata estuviera bloqueada desde el 18 de noviembre indica que no hay control?
La inacción del gobierno es censurable. Es un símbolo de que el gobierno no tiene cobertura territorial ni operadores. Probablemente le faltan reflejos políticos.
¿Quién perfora tan insistentemente el oleoducto?
Los pobladores. En la costa, está perforado, se tiran el petróleo y hay refinerías de petróleo clandestino. En la selva, el error fue pagar 180 soles diarios por la limpieza, un salario altísimo. Ahora eso se ha cambiado por un bono de vigilancia, la guardianía del ducto.
¿Cuál es la proyección de crecimiento de la SNMP para el 2017?
La proyección es de 4% del PBI.
Ficha
- Carlos Gálvez es magíster en Administración de la Universidad del Pacífico y completó el Programa de Desarrollo Gerencial de la Escuela de Negocios de Harvard.
- Actualmente es gerente de Finanzas y Administración de la compañía Minas Buenaventura.
Por Mariella Balbi – Periodista
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