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Asociación Nacional de Periodistas del Perú denunció persecución judicial a periodistas

Por los casos de Rafo León, denunciado por difamación, y de Fernando Valencia, a quien el Séptimo Juzgado Penal lo condeno a 1 año y 8 meses de prisión suspendida.

Asociación Nacional de Periodistas del Perú denuncia persecución judicial a periodistas. (Composición)
Asociación Nacional de Periodistas del Perú denuncia persecución judicial a periodistas. (Composición)

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se pronunció este lunes por las querellas presentadas contra los periodistas Rafo León, del Semanario Caretas, y Fernando Valencia, exdirector de Diario 16, y denunció “una sistemática persecución judicial” contra estos profesionales.

La ANP manifestó su “preocupación” por ambos casos y salió en defensa de los dos periodistas.

“Rafael León ha sido citado para la lectura de sentencia el 3 de mayo, irónicamente Día Mundial de la Libertad de Prensa. La querellante exige una reparación civil de 5 millones de soles. León podría ser sentenciado a tres años de prisión efectiva por la columna de opinión que publicó en Caretas, en abril del 2014”, refiere el comunicado.

[Rafo León: ¿En qué consiste el delito de difamación y qué sucede en la práctica?]

Como se sabe, la exeditora general del diario El Comercio, Marta Meier Miró Quesada, denunció por difamación al columnista Rafael León, quien respondió a un texto escrito por Meir Miró Quesada.

En el caso de Valencia, quien fue denunciado por difamación por el expresidente Alan García, fue condenado este lunes a un 1 año y 8 meses de prisión suspendida.

La organización argumentó al respecto: “La jurisprudencia nacional en los casos por difamación es clara: la reproducción de declaraciones citando la fuente no constituye delito imputable”.

[Fernando Valencia: Periodista denunciado por Alan García apeló condena en su contra]

La ANP reveló que tiene registro de más de un centenar de querellas contra periodistas en los últimos cinco años, “impulsadas la mayoría de veces por funcionarios públicos con el fin de generar una atmósfera de temor en torno a la investigación y divulgación de determinados hechos”.

Ante este escenario, la asociación reitera su pedido al Poder Legislativo de “derogar” las leyes de calumnia e injuria que, según la misma institución, “en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera crítico”.

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