Juan Mendoza: El reto del maniquí

Los costos económicos de la corrupción son devastadores. A pesar de ello, nuestras autoridades parecen maniquíes cuando se trata de investigar y sancionar el robo sistemático al Estado peruano y al ciudadano.

¿Cuánto cuesta la corrupción? Las coimas y sobornos son apenas la cereza en el pastel. El costo fundamental es la mala asignación de recursos: cuando se financian proyectos innecesarios se dejan de hacer proyectos que sí necesitamos. ¿Por qué hemos hecho tan poco para cerrar la brecha en hospitales, colegios, agua y desagüe en la época de vacas gordas? ¿No será acaso porque se han hecho obras públicas corruptas por doquier? Una estimación conservadora sugiere que el costo de la corrupción es al menos 5% del PBI.

La corrupción, además, desmoraliza al ciudadano y deslegitima al Estado. ¿Por qué, se pregunta el ciudadano, tengo que pagar impuestos si hay ladrones de cuello y corbata que se pasean libremente por las calles? ¿Por qué no puedo robar yo también, diría alguien de abajo, si los de arriba roban con desparpajo, impunidad y, a veces, inmunidad?

Cero balas y cero resultados sería un balance desapasionado del avance en la lucha contra la corrupción. El Perú está en el puesto 106 de 140 países en comportamiento ético. En la práctica, nuestras autoridades o han fungido de maniquíes, haciéndose de la vista gorda o, peor aun, han obstaculizado las investigaciones de procuradores honestos.

Durante los últimos años se han asignado cerca de 20 mil millones de dólares a megaproyectos como la Interoceánica, el Gasoducto del Sur, la Refinería de Talara o la Línea 2. Quiera la providencia que no haya habido corrupción en ninguno de estos proyectos.

Urge investigar los megaproyectos. Primero porque, en todos los casos, hay una combinación de costos inflados y rentabilidad social negativa. La Interoceánica se hizo al triple de su presupuesto y apenas tiene tráfico. Talara se hace, a varias veces el costo internacional, para refinar petróleo que no tenemos. No hay gas ni demanda, pero el gasoducto disfruta de ingresos garantizados que se financiarán con mayores tarifas de luz. ¿Por qué el gasoducto que el 2011 costaba 1,300 millones de dólares se convirtió en un proyecto de más de 7 mil millones el 2014?

Urge investigar, asimismo, porque hay evidencia de prácticas corruptas de empresas vinculadas a estos proyectos en Brasil. Y, por favor, no hay que esperar a que el juez brasileño Sergio Moro devele posibles corruptelas en el Perú.

Dejemos de actuar como maniquíes en el combate contra la corrupción. ¡Pardiez! ¡Basta ya!