Guillermo Giacosa,Opina.21
ggiacosa@peru21.com
El ajuste es a cara de perro y entre las muchas injusticias con las que castiga a su población hay una que es particularmente cruel con los inmigrantes. Al leer los detalles de esta suerte de asesinato legal no pude menos que recordar a mi abuelo materno originario de Galicia y a los muchos y muy queridos amigos que tengo en España. La ley bárbara que entró en vigencia el 1 de setiembre niega “atención sanitaria ordinaria en los establecimientos públicos a extranjeros mayores de 18 años no registrados ni autorizados como residentes en España (salvo en caso de embarazo, parto y puerperio). Se autoriza su atención de urgencias por enfermedad grave o accidente”. El Gobierno dice que no puede pagar esa atención a enfermos “no urgentes” y con ello condena a la muerte a enfermos crónicos extranjeros mayores de 18 años no registrados ni autorizados como residentes en España.
Muerte por sida, por cáncer. Muerte por falta de insulina. Muerte por falta de diálisis renal. Muerte sin consuelo en el paciente terminal. Muerte por tuberculosis. Suicido del esquizofrénico por falta de medicación. Muerte por enfermedades crónicas que requieren tratamiento vital. Sufrimiento y muertes “legales” en España. Todo esto es indigno de un país que ha suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero no orientemos mal nuestra indignación: los culpables son parte de una fraternidad universal del lucro dispuesta a todo por no perder sus privilegios.
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