Prevaricato

El Poder Judicial declaró improcedente el pedido de la Comisión de Fiscalización para que se conduzca de grado fuerza a la señora Eva Fernenbug ante ese grupo de trabajo.

El Poder Judicial declaró improcedente el pedido de la Comisión de Fiscalización para que se conduzca de grado fuerza a la señora Eva Fernenbug ante ese grupo de trabajo. De la misma manera se pronunció sobre el pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones a ocho personas investigadas por el caso Ecoteva, entre las cuales figura el exmandatario Alejandro Toledo. En respuesta al fallo judicial, el titular de dicho grupo de trabajo, Vicente Zeballos, anunció que, a través de la Procuraduría del Legislativo, demandará por prevaricato a los magistrados del 11 y 12 Juzgado Penal.

El titular del Quinto Juzgado Constitucional, Hugo Velásquez Zavaleta, dio un plazo de cinco días hábiles al Congreso de la República para que cumpla con acatar la sentencia que ordena dejar sin efecto la suspensión por 90 días del parlamentario Javier Diez Canseco por haber promovido un proyecto de ley que favorecía a sus familiares.

La Municipalidad de Lima acatará la nueva resolución del controvertido juez Malzon Urbina, quien –acogiendo el pedido de los comerciantes– dio un plazo de 72 horas para que la comuna retire los bloques de cemento que impiden el acceso a La Parada.

Como “ajustada al derecho y a la moral” definió el abogado constitucionalista Javier Valle Riestra la sentencia del Quinto Juzgado Constitucional de Lima que declara nula la suspensión dictada por el Pleno del Congreso contra el legislador nacionalista Javier Diez Canseco.

La Municipalidad de Lima prepara una denuncia penal contra el juez Malzon Urbina por supuesto prevaricato y abuso de autoridad, tras el fallo que favoreció a los comerciantes de La Parada, anunció Antonio Salazar, procurador de la comuna capitalina.

El doctor Ciro Castillo Rojo, padre del joven que falleció en el valle del Colca en 2011, advirtió que el juez Giancarlo Torreblanca, del Juzgado Mixto de Chivay, cometería el delito de prevaricato si archiva el caso de la muerte de su hijo, tal como lo pide la defensa de Rosario Ponce ante una presunta falta de argumentos sólidos en la acusación de la fiscal María del Rosario Lozada.

Luego del traslado de Antauro Humala de la Base Naval del Callao al penal Virgen de la Merced, en Chorrillos, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) adoptó acciones contra esta decisión judicial y presentó una queja contra la jueza Sonia Salvador Ludeña y un recurso de apelación contra la resolución de dicha magistrada.

Fritz Du Bois,La opinión del director director@peru21.com

Otra vez Luis Castañeda despliega sus estrategias legales para intentar evadir el proceso penal en el que está implicado por el pago irregular, durante su gestión como alcalde de Lima, de S/. 36 millones a la empresa Comunicore.

El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio denunció por el delito de prevaricato a la jueza Leonor Chamorro, quien ordenó que se le abra instrucción por el caso Comunicore.

Pese a existir una orden de detención en su contra, debido a sus reiteradas inconcurrencias a las diligencias de un proceso judicial en su contra, el legislador Rennán Espinoza (Perú Posible) sostuvo que no asistirá “nunca más” al juzgado que ve su caso en tanto no sea retirada la magistrada a cargo Rosario Dávila.

El exmiembro del Tribunal Constitucional (TC) José García Marcelo fue declarado insolvente por el Indecopi pues hasta la fecha no ha cumplido con pagar los S/.100 mil que se le impusieron como reparación civil cuando fue condenado por prevaricato debido a sus vínculos con Vladimiro Montesinos Torres.

El exmiembro del Tribunal Constitucional (TC) José García Marcelo fue declarado insolvente por el Indecopi pues hasta la fecha no ha cumplido con pagar los S/.100 mil que se le impusieron como reparación civil cuando fue condenado por prevaricato debido a sus vínculos con Vladimiro Montesinos Torres.

El gerente general de EsSalud, Pedro Francke, anunció que su gestión está evaluando a todos los funcionarios de ese organismo, sin excepción, a fin de detectar si tienen antecedentes judiciales y tomar las “decisiones correctivas”.

El proyecto de ley del Ejecutivo que busca impedir la inscripción de las organizaciones que promueven la violencia “no tiene nombre propio”, pero sí puede aplicarse al caso del pro senderista Movadef, aseguró el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.

El proyecto de ley del Ejecutivo que busca impedir la inscripción de las organizaciones que promueven la violencia “no tiene nombre propio”, pero sí puede aplicarse al caso del pro senderista Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) –cuyo trámite está en curso– porque se trata de una norma de procedimiento, aseguró el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.

El juez español Baltasar Garzón, que se hizo famoso por su intento de extraditar al exdictador chileno Augusto Pinochet en la década de 1990, negó hoy haber abusado de su poder, en un juicio que muchos de sus seguidores ven como una venganza política.

Sin medias tintas y sin contemplaciones, la congresista Martha Chávez señaló ayer que los vocales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que pidieron un nuevo pronunciamiento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) sobre la inscripción del movimiento pro senderista Movadef deberían ser destituidos.