El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional informó que revisará la petición del Ministerio Público para levantar la inmunidad parlamentaria del congresista Norman Lewis con la finalidad de que sea procesado por el presunto delito de asociación ilícita en agravio del Estado.
A través de un proyecto, el congresista Norman Lewis solicitó que se cree un comité consultivo encargado de evaluar la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones y el desempeño del Sistema Nacional de Pensiones.
El segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis del Alcázar, quien fue vicepresidente regional de Loreto y teniente alcalde de Maynas, fue condenado en el año 2006 a cuatro años de prisión por peculado y usura, tras pedir dinero a un prestamista a nombre de dicha municipalidad, según reveló Panorama.
Los congresistas Modesto Julca, de Perú Posible; Norman Lewis, de Unión Regional; y Esther Capuñay, de Solidaridad Nacional, integran a lista oficialista a la presidencia del Congreso que lidera Ana María Solórzano.
Los siete legisladores mencionados por el sociólogo Jaime Antezana por tener supuestos vínculos con el narcotráfico rechazaron hoy de manera enfática esas imputaciones y anunciaron que lo enjuiciarán.
Jaime Antezana reveló siete nombres de congresistas de la República que, según sus investigaciones, tendrían nexos con el narcotráfico o lavado de activos provenientes de esta ilegal actividad.
La gestión de Fredy Otárola no logró conciliar posiciones entre las bancadas para la conformación del Cuadro de Comisiones Ordinarias. Esto motivó que el Pleno del Congreso solo aprobara el número de integrantes que tendrá cada uno de los grupos de trabajo.
La gestión de Fredy Otárola no logró conciliar posiciones entre las bancadas para la conformación del Cuadro de Comisiones Ordinarias. Esto motivó que el Pleno del Congreso solo aprobara el número de integrantes que tendrá cada uno de los grupos de trabajo.
Trece años después de su fundación, Perú Posible atraviesa una de sus más profundas crisis internas. A las graves denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra su líder Alejandro Toledo se suma la renuncia de cinco miembros de su bancada, con lo cual queda literalmente disminuida a nivel parlamentario con apenas 10 miembros, que contrastan con los 21 que tuvo al iniciarse el actual quinquenio legislativo.
Trece años después de su fundación, Perú Posible atraviesa una de sus más profundas crisis internas. A las graves denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra su líder Alejandro Toledo se suma la renuncia de cinco miembros de su bancada, con lo cual queda literalmente disminuida a nivel parlamentario con apenas 10 miembros, que contrastan con los 21 que tuvo al iniciarse el actual quinquenio legislativo.
Desbande en Perú Posible. Cinco congresistas del partido de Alejandro Toledo –para muchos liquidado políticamente por el escándalo de las propiedades de su suegra– renunciaron a su bancada y anunciaron la formación de un nuevo grupo parlamentario: Unión Regional.
Tal como lo anticipó Perú21, el parlamentario Enrique Wong confirmó su renuncia a Alianza Por el Gran Cambio (APGC), e inmediatamente anunció la conformación de una nueva bancada con miras a lograr un cupo en la próxima Mesa Directiva. “Vamos a llegar hasta la Mesa”, declaró con visible entusiasmo, tras indicar que el nuevo bloque estaría integrado por 12 legisladores y se constituiría oficialmente dentro de unos ocho días.
Un nuevo período legislativo empezó esta semana en el Congreso y, con ello, también la reorganización de las jefaturas de las comisiones.
Un nuevo período legislativo empezó esta semana en el Congreso y, con ello, también la reorganización de las jefaturas de las comisiones.
Pese al blindaje de Gana Perú y de la “espontánea” defensa de legisladores de otros bloques –algunos de ellos acusados de graves delitos que van desde la falsedad genérica hasta el lavado de activos–, el Pleno del Congreso suspendió al legislador oficialista Eulogio Amado Romero Rodríguez con una suspensión de 120 días de legislatura sin goce de haber por violación del Código de Ética. Además, derivó el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue el aspecto delictivo penal de la denuncia.