Condenados

MÁLAGA (DPA).– El mayor proceso judicial contra la corrupción política en España, la que se extendió en el ayuntamiento de la conocida localidad de Marbella desde los años 90 hasta el 2006, terminó con penas de prisión bajas para los condenados y con la mitad de los 95 procesados absuelta.

Los seguidores de Fuerza Popular quieren lograr la libertad de su líder, Alberto Fujimori, como sea y, por ello, plantean cualquier iniciativa, pese a que muchas de estas no están contempladas en el ordenamiento legal.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren (PPC), anunció que el próximo jueves se debatirá en el Pleno del Congreso el dictamen de ley que establece la ‘muerte civil’ para los sentenciados por corrupción y terrorismo que no paguen la reparación civil. La norma crea un registro de deudores por este concepto y limita algunos de sus derechos. No podrán, por ejemplo, trabajar ni contratar con el sector público; tampoco podrán postular a cargos de elección popular y serán reportados a la SBS para que las centrales de riesgos tengan acceso a esa información.

El proyecto de ley que plantea la ‘muerte civil’ para los condenados por corrupción y terrorismo que deben reparaciones civiles evitará que sentenciados por subversión –entre ellos los del Movadef– se presenten como candidatos en las próximas elecciones, aseguró el procurador antiterrorista, Julio Galindo. La iniciativa ya ha sido aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso.

El proyecto de ley que plantea la ‘muerte civil’ para los condenados por corrupción y terrorismo que deben reparaciones civiles al Estado evitará que el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) presente candidatos en las próximas elecciones, sostuvo hoy el procurador antiterrorista, Julio Galindo.

Aquellas personas sentenciadas por los delitos de terrorismo y/o corrupción que no hayan cancelado la reparación civil que les impuso el Poder Judicial, figurarán en un registro especial y estarán impedidas de ejercer función pública o postular a cargos públicos de elección popular.

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, reveló ayer que, de enero a agosto de este año, se ha condenado a 902 personas por corrupción de funcionarios. Las sentencias por el delito de peculado encabezan el ranking con 452 casos. Les siguen las condenas por colusión (142) y cohecho activo (137).

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, denunció ayer que más de 50 personas, entre docentes y alumnos, que fueron condenados en el pasado por delitos de terrorismo, son los que crean el caos en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.

El presidente de la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades del gobierno anterior, Sergio Tejada (Gana Perú), reveló que más de 800 condenados que recibieron gracias presidenciales durante la administración de Alan García reincidieron en la comisión de delitos y ahora se encuentran prófugos.

El gobierno aprista otorgó 5,500 gracias presidenciales a condenados, de los cuales 400 sentenciados por tráfico ilícito de drogas, en su modalidad agravada, fueron incluidos.

Fritz Du Bois,La opinión del director director@peru21.com

Se fue de boca. A menos de 24 horas de asumir la Presidencia del Congreso, el oficialista Víctor Isla sufrió su primer traspié mediático. ¿El motivo? Sus declaraciones a favor de que los terroristas que ya purgaron su pena ocupen cargos públicos en el Estado. “Creo que una persona que tiene que cumplir una sanción puede resocializarse, como señala el Código Penal”, sostuvo en RPP Televisión cuando se le preguntó específicamente sobre su exasesor y exmilitante de Sendero Luminoso Martín Reátegui.

El recientemente electo presidente del Congreso, Víctor Isla, aseguró hoy que no se opone a que terroristas condenados que ya hayan cumplido sus penas puedan ocupar un cargo público pues, dijo, estos “pueden resocializarse”.

¿Es regular el embargo de los bienes de Alberto Kouri, toda vez que su esposa alega que dichos bienes son de su propiedad? En este caso, la persona que se sienta afectada tiene que probar que son sus bienes. El procurador (Arbizu) debe tener mucho cuidado porque corre el riesgo de tener que pagar una indemnización porque estaría actuando negligentemente.

Como parte de la campaña de la Procuraduría Anticorrupción para cobrar las reparaciones civiles que adeudan los condenados por corrupción, ayer se embargaron los bienes del excongresista Alberto Kouri, protagonista del ‘vladivideo’ que propició la caída de Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción.

El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, informó ayer que la próxima semana presentará ante el Indecopi la primera lista de condenados por corrupción que no han cumplido con pagar la reparación civil que se les impuso como parte de su sentencia.

La Corte Suprema determinó las causas bajo las cuales los jueces podrán conceder a los condenados permiso para viajar al exterior.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, aseguró ayer que el Estado buscará cobrar los más de mil millones de soles que los condenados por corrupción adeudan por concepto de reparación civil e informó que su despacho ya ha dado instrucciones a los procuradores para que se declare la muerte civil de estas personas.