La Unión Europea (UE) introducirá un nuevo sistema de control de fronteras llamado “Eurosur”, que fue aprobado hoy por el Parlamento Europeo en medio de la polémica por el drama de los casi 300 inmigrantes muertos frente a la isla italiana de Lampedusa.
Simultáneamente, Reino Unido anunció una ley migratoria más dura que buscará expulsar más rápidamente a los inmigrantes ilegales y evitar que usen los servicios públicos a los que no deberían tener acceso.
El sistema “Eurosur” prevé la conexión en red de informaciones para frenar la inmigración ilegal y la actividad de bandas criminales de tráfico de personas.
También promoverá un rescate más rápido de los inmigrantes que estén en peligro en alta mar para reducir el número de muertos que se producen cada año.
Se espera que “Eurosur” empiece a funcionar en dos meses en los países de la UE con fronteras externas al bloque, como Italia o España, y en diciembre del año próximo en todo el bloque.
El objetivo del sistema es que se intercambie de manera más rápida la información entre los policías de frontera y las autoridades aduaneras, la guardia costera y la Marina. Los instrumentos de vigilancia como los satélites permiten una comunicación en tiempo real.
El funcionamiento se coordinará con la agencia de protección de fronteras Frontex. La Comisión Europea estima los costos de puesta en marcha, mantenimiento y personal en 244 millones de euros (US$330 millones aproximadamente) para el periodo de 2014 a 2020.
La comisaría de Interior del bloque, Cecilia Malmström, saludó la votación como “un importante aporte para proteger nuestras fronteras externas y a la vez salvar la vida de aquellos que quieren llegar a las costas europeas en circunstancias peligrosas”.
Según Frontex, en 2012 cruzaron la frontera externa de la UE de forma ilegal 72.000 personas. La cifra fue el doble que en 2011.
REINO UNIDO ENDURECE LEY
De manera paralela, Londres anunció una nueva ley nacional contra la inmigración ilegal. El primer ministro, David Cameron, ha hecho del tema un asunto prioritario debido a que las encuestas muestran que el Partido de la Independencia, una agrupación antiinmigrantes, les está robando votos a los conservadores.
La nueva ley impedirá que los inmigrantes ilegales abran cuentas bancarias, y los arrendadores tendrán que verificar el estatus migratorio de sus inquilinos.
Para evitar lo que denominan “turismo de salud”, la ley exigirá asimismo a los inmigrantes temporales, como por ejemplo a los estudiantes extranjeros, que hagan una contribución al Servicio Nacional de Salud.
La ministra del Interior, Theresa May, aseguró a la BBC que espera reducir la inmigración de países de fuera de la UE a menos de 100,000 al año antes de las elecciones parlamentarias de 2015. El año pasado fue de 176,000 personas.
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