La Fiscalía de México aseguró que ya tiene “certeza legal” de que los 43 estudiantes que desaparecieron en setiembre en Iguala (estado de Guerrero) fueron asesinados por sicarios del narcotráfico pese a que solo uno de ellos ha sido identificado mediante pruebas de ADN.
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La investigación, apoyada por la confesión de un último sicario detenido, da como conclusión “la certeza legal de que los normalistas (estudiantes) fueron muertos en las circunstancias descritas”, dijo el fiscal general, Jesús Murillo Karam, responsable de investigar este crimen que conmocionó al país y la comunidad internacional.
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Las declaraciones de casi un centenar de detenidos, los 487 peritajes y elementos materiales permitieron “llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden”, afirmó Murillo Karam. “Es la verdad histórica”, recalcó.
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Hasta ahora, la Fiscalía consideraba oficialmente como desaparecidos a los jóvenes, que la noche del 26 de setiembre fueron víctimas de un brutal ataque a tiros de policías corruptos de Iguala y luego entregados a sicarios de Guerreros Unidos, un cártel narcotraficante local para el que presuntamente operaba el detenido alcalde de esa ciudad.
Los padres de las víctimas, que el lunes lideraron una marcha con miles de personas en Ciudad de México al cumplirse cuatro meses del crimen, se niegan a creer en la reconstrucción de la Fiscalía y temen que el gobierno pretenda echar el cierre a un caso que sumió a Enrique Peña Nieto en la peor crisis de su gobierno.
“Hay muchas inconsistencias en la versión del procurador (fiscal)”, se limitó a decir Felipe de la Cruz, vocero de los padres, tras las declaraciones de Murillo Karam.
Por el momento, expertos de un prestigioso laboratorio de Austria solo han identificado los restos mortales de uno de los estudiantes. Por eso, los familiares conservan las esperanzas de que los 42 restantes sigan con vida.
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