La Corte de Apelaciones de Guatemala rechazó este jueves un recurso del exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, con el cual buscaba acogerse a una ley de amnistía y evitar un juicio penal.
El tribunal “resolvió sin lugar el recurso interpuesto por el procesado Efraín Ríos Montt con el que pretendía la extinción de la persecución penal”, indicaron en un comunicado la Asociación para la Justicia y Reconciliación y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, querellantes en el proceso.
Ríos Montt, de 89 años, enfrenta cargos por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala, perpetrada durante su régimen, entre 1982 y 1983, considerado el más sangriento de la guerra civil guatemalteca de 36 años (1960-1996).
El exdictador, quien fue diagnosticado con demencia, se ha librado de un juicio ordinario por genocidio y en su lugar enfrentará – ausente y representado por sus abogados – un proceso especial que, de encontrarlo culpable, no conlleva prisión.
El tribunal que atiende el caso fijó el nuevo juicio para el 11 de enero de 2016 a puerta cerrada, sin prensa y con la presencia de familiares de víctimas.
El proceso contra Ríos Montt se ha prolongado por casi cuatro años, debido a una serie de apelaciones y anulaciones promovidas por su defensa.
El 10 de mayo de 2013, tras varios meses de audiencias, un tribunal lo encontró culpable de genocidio y lo condenó a 80 años de prisión, pero la sentencia fue anulada dos días más tarde por la Corte de Constitucionalidad debido a errores procesales.
El proceso judicial se llevaba paralelo al recurso que había presentado la defensa de Ríos Montt para que se acogiera a una ley de amnistía que data de 1986, pero la misma ya no está vigente pues fue reemplazada por otra aprobada diez años después.
En la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 quedó establecido que quedan excluidos de la amnistía los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
Guatemala vivió una guerra de 36 años que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, el 93% de las violaciones son responsabilidad del Estado, según un informe de la ONU.
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